Un “protocolo de emergencia” decidió instrumentar la Justicia neuquina ante “la afectación del servicio, y con el propósito de preservar el acceso” a sus servicios por parte de la población, en medio de un conflicto por los salarios con el gremio judicial, SEJUN, que se ha prolongado más allá de lo razonable.
Así, se constituyó la Comisión Operativa de Emergencia, integrada por los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de la I Circunscripción Judicial y del interior provincial, y por los directores de las Oficinas Judiciales.
La comisión pidió a cada organismo información sobre el impacto de las medidas de fuerza, a fin de “definir las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento esencial del servicio”. El tema había sido definido en una primera reunión, realizada el 16 de este mes.
El jueves 19, se concretó otro encuentro, en el que se resolvió la afectación transitoria de funcionarios, asignados de acuerdo con las necesidades que determine la Comisión, dando prioridad a la atención “de los fueros de familia, penal y laboral”. Se aclaró que las medidas “serán progresivamente extensivas al resto de los organismos del Poder Judicial”.
“El Tribunal Superior de Justicia reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la justicia de toda la comunidad, en particular de los sectores más vulnerables, y de sostener las medidas adoptadas mientras la situación así lo requiera”, se afirmó oficialmente.
