La Municipalidad de Chos Malal atraviesa uno de los conflictos más delicados de los últimos meses. Un bloqueo sostenido por un grupo reducido de personas impide el normal funcionamiento de la comuna y dejó como saldo tres empleados imputados por daño agravado. La protesta, impulsada por sectores del SOYEM, comenzó como un reclamo salarial, pero terminó cruzada por fuego, daños, acusaciones políticas y una conexión con una causa narco.
La imputación alcanzó a Marcela Manríquez, María Ángeles Mabel Meriño y Jorge Alfredo Albarrán. Los fiscales Natalia Rivera y Víctor Salgado los acusaron por los incidentes del 15 de abril, cuando se produjeron daños frente al sector de Economía y Recursos Públicos. Según la investigación, los tres tuvieron participación en una maniobra que incluyó el uso de neumáticos encendidos, papeles, cartones y un recipiente metálico.
El MPF sostuvo que Manríquez inició el fuego, Meriño reforzó la combustión con otro neumático y Albarrán pateó el tacho hacia el ingreso del área de Rentas y Recaudaciones. Luego, los imputados habrían continuado empujando el recipiente en llamas hacia el edificio. Esa acción generó llamas de gran intensidad, humo negro y residuos de hollín que afectaron la fachada principal del municipio.
Los daños no fueron menores. Se afectó cartelería institucional, letras corpóreas exteriores, el frente del edificio y una ampliación en construcción ubicada en el primer piso. El humo llegó a oficinas internas, entre ellas la de la jefa de Gabinete, Anabella Chiape, quien estaba embarazada de 34 semanas. La intervención policial permitió apagar el foco de fuego y retirar el tambor, pero el expediente judicial ya estaba en marcha.
La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos por daño agravado, fijó un mes de investigación y ordenó una prohibición de acercamiento de 100 metros para los tres acusados. La cautelar alcanza tanto al edificio municipal como a los empleados de las áreas afectadas. El municipio, además, acompaña la acusación como querellante y sostiene que el bloqueo impide el funcionamiento regular de la administración.
El contexto político agrega más tensión. El SOYEM había firmado un acta luego de la negociación salarial, pero luego insistió con un aumento del 60% en el básico, pese a que la comuna otorgó actualización por IPC y pago de ropa de trabajo. Desde el Ejecutivo advierten que ese incremento afectaría servicios esenciales. A la vez, Manríquez aparece vinculada indirectamente a una causa narco por sus hijos, acusados tras el secuestro de cocaína, dinero chileno, una balanza y un posnet. En ese marco, la protesta dejó de ser un reclamo gremial y pasó a ser un bloqueo político con derivaciones judiciales cada vez más graves.
