La discusión sobre prioridades y coherencia en la agenda pública volvió a colarse en la Legislatura neuquina, esta vez con un cruce que expone tensiones difíciles de disimular. La diputada Julieta Ocampo, inquilina de una de las dos bancas del Frente de Izquierda, quedó en el centro de la escena al exponer su rechazo a un proyecto que tramita en el Congreso de la Nación y que busca endurecer las sanciones contra las falsas denuncias, una problemática que ha dejado consecuencias graves (e incluso irreparables) en distintos puntos del país.
El planteo de Ocampo no pasó desapercibido, sobre todo por el contexto en el que se dio. La legisladora utilizó el espacio de “otros asuntos” para cuestionar la iniciativa impulsada por la senadora nacional Carolina Losada. El proyecto en debate (allá en Buenos Aires) propone modificar el Código Penal para establecer penas de prisión efectiva de entre 3 y 6 años a quienes incurran en denuncias falsas vinculadas a delitos sexuales o de violencia de género.
La diputada Ocampo tiene antecedentes en esta clase de procederes. De hecho, se la ha escuchado respaldar, como si tal cosa, relatos y mentiras que quedan absolutamente desacreditados al cotejarlos con las pruebas que se producen en la Justicia. No le interesa la Justicia, sino el relato político y es así como sale en defensa de personas que han sido condenadas en virtud de sus delitos. De este modo, se desentiende de sus obligaciones institucionales y éticas que son inherentes a su condición de diputada. Peor aún, apela a la violencia política, para ir en contra de ciudadanos (incluidos niños y niñas) con lo que, al mismo tiempo, termina perjudicando a mujeres que realmente necesitan ayuda. Neuquén no está exenta de las falsas denuncias y Ocampo marcha en las calles junto con quienes las realizan. Eso no sólo la expone, sino que además la desacredita.
Desde la óptica de esta diputada neuquina, castigar como corresponde a quienes incurren en el delito de las falsas denuncias, implicaría “criminalizar a las mujeres que denuncian violencia de género” y generar un efecto disuasorio en potenciales víctimas. Sin embargo, el argumento abre un interrogante que excede la consigna: cómo compatibilizar la protección a las víctimas reales con la necesidad de evitar que acusaciones infundadas queden impunes, especialmente cuando sus consecuencias pueden ser irreversibles. Pero un hecho no es menor: Desde su banca, la diputada Ocampo defiende a personas que una y otra vez han perpetrado denuncias falsas en la Justicia y en las redes sociales, donde exponen incluso a menores y a personas inocentes, sin haber pagado -al menos hasta ahora- las consecuencias que corresponden.
El tema es en extremo serio. Y uno de los casos más dramáticos que suele citarse en este debate ocurrió en Bariloche, durante diciembre de 2018, cuando un joven de apenas 18 años se quitó la vida tras ser blanco de acusaciones falsas difundidas en redes sociales. Tiempo después, la falsa denunciante admitió que el ataque sexual nunca había ocurrido, pero el daño ya era irreparable. Ese y otros episodios no necesariamente tan extremos reavivan la discusión sobre la necesidad de herramientas legales que contemplen todas las aristas del problema. Las falsas denuncias son delitos perpetrados en forma deliberada y sin dudas el proyecto para endurecer las penas merece un debate serio. Infinidad de legisladores coinciden en ello, pero la agenda de Ocampo es contraria al sentir de la inmensa mayoría de la sociedad.
