Una niña de 11 años tuvo que ser internada después que se observaran “conductas autolesivas severas e ideación suicida” por situaciones de hostigamiento en una escuela de Neuquén, y la situación provocó la intervención de la jueza de Familia de la IV Circunscripción judicial (con cabecera en Junín de los Andes), Eliana Fortbetil, quien, mediante un fallo, pidió la intervención del Ministerio de Educación, y a la escuela, “medidas de protección urgentes”.
La situación es dramática, y, a la vez, reveladora de una realidad imposible de esconder, que involucra a la sociedad entera, más allá de los casos específicos: tiene que ver con el incremento de la violencia y la discriminación en ámbitos propios de la niñez y de la adolescencia. El caso, que se mencionó este miércoles en la Justicia, no registra nombres ni mayores datos de ubicación, para proteger a la víctima; y el fallo también insta al ministerio de Salud de Neuquén para que la niña sea evaluada.
De acuerdo con la medida judicial, la víctima ha sufrido “agresiones verbales reiteradas, por parte de pares (compañeros de la escuela) y centradas en su apariencia física”. Por ello, se ha notado que padece “angustia significativa, retraimiento, desgano y afectación emocional persistente”, de acuerdo con lo informado por los profesionales que la trataron durante la internación, que fue, según la jueza Fortbetil, “la única alternativa terapéutica viable ante el riesgo cierto e inminente”.
En concreto, lo que se evaluó fue que la pequeña de 11 años podía suicidarse.
La Justicia espera saber qué se responde a un pedido hecho a la escuela acerca de las acciones que se han tomado ante la situación, “y que se dé respuesta inmediata a la solicitud de cambio de turno realizada por la alumna”, que no tuvo “respuesta institucional”. El fallo es severo con el ámbito educativo, pues habla de “insuficiente intervención” frente a una situación de “violencia escolar”, que ha provocado, como consecuencia, un agravamiento del cuadro “contribuyendo a la cronificación del malestar”.
“Los indicadores relevados configuran un cuadro de extrema vulnerabilidad, que exige una intervención urgente, integral y coordinada”, dijo la jueza Fortbetil.
