La ciudad de Neuquén actualmente cuenta con dos edificios habilitados que aún no tienen certificado final de obra municipal. Desde el Gobierno, han resaltado que detrás de esto hay situaciones que para muchos vecinos se transformaron en problemas cotidianos: falta de agua cuando disminuye la presión de la red, desbordes cloacales hacia la vía pública, cocheras inutilizables y conexiones eléctricas provisorias que nunca fueron reemplazadas por instalaciones definitivas.
Se trata de una problemática que desde hace años genera conflictos entre propietarios, desarrolladores y organismos públicos. Sin embargo, recientes decisiones judiciales comenzaron a establecer con mayor claridad que la responsabilidad de solucionar esto no es del Estado, sino de las constructoras que no cumplieron con las condiciones.
Antecedentes que respaldan al Estado
Uno de los casos que marcó un antecedente ocurrió en febrero de este año. El juez civil Martín Peliquero condenó solidariamente a Siri Construcciones S.R.L., a María Isabel Siri y a Raíces Neuquén S.R.L. por las irregularidades detectadas en el edificio “Ilia II”, ubicado en la esquina de Illia y Maestro Alderete.
La sentencia ordenó finalizar las obras pendientes e indemnizar a los propietarios que habían adquirido sus departamentos “en pozo” más de una década atrás. El expediente describe una serie de incumplimientos, además que el edificio carecía de certificado final de obra, trámite que había sido rechazado por la municipalidad en 2017 al considerar que la construcción no reunía las condiciones necesarias.
Destacaron que en medio de estos conflictos, el EPAS aparece con frecuencia como destinatario de reclamos y cuestionamientos. Según el organismo, muchos desarrolladores señalan a la red pública como origen de los inconvenientes cuando los problemas, aseguran, se originan en obras privadas que no ejecutaron la infraestructura requerida.
Otro caso donde absolvieron a EPAS
Esa postura también se vio en otro caso. En julio de 2025, la jueza de Faltas Romina Doglioli sancionó con más de 21 millones de pesos al desarrollador de un complejo ubicado en San Luis y Luis Beltrán por el vuelco de líquidos cloacales a la vía pública. En aquella decisión absolvió al EPAS y consideró que existió una omisión grave por parte del privado al no adecuar la infraestructura necesaria.
Qué explicó el organismo
Desde el ente provincial explican que un edificio con decenas de departamentos no puede conectarse a la red utilizando la misma capacidad prevista para una vivienda unifamiliar.
Para evitar estas situaciones, el organismo cuenta con procedimientos específicos para aprobar factibilidades y conexiones, que incluyen la presentación de proyectos, intervención de profesionales matriculados, inspecciones técnicas y certificados finales de obra.
Explican que las decisiones judiciales recientes refuerzan esta mirada, determinando que la infraestructura pública puede tener limitaciones, pero la obligación de ejecutar las obras necesarias antes de entregar un edificio corresponde a quienes desarrollan los emprendimientos.
