La causa por los violentos incidentes ocurridos frente a la Municipalidad de Chos Malal entró en una nueva etapa judicial. La fiscal del caso, Natalia Rivera, pidió formalmente la apertura a juicio contra tres trabajadores municipales acusados de provocar daños en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos durante una protesta gremial realizada el pasado 15 de abril.
La acusación alcanza a dos mujeres identificadas como M.M. y M.A.M.M., y a un hombre, J.A.A., quienes fueron imputados por el delito de daño agravado en carácter de coautores. La presentación realizada por el Ministerio Público Fiscal marcó además el cierre de la investigación preparatoria y dejó el expediente listo para avanzar hacia la instancia de control de acusación previa al juicio oral.
Mientras se espera que la Oficina Judicial de Chos Malal defina la fecha de audiencia, el juez de garantías Ignacio Pombo resolvió extender hasta el 7 de junio las medidas cautelares que pesan sobre los acusados. Entre ellas, la prohibición de acercamiento al sector de Recaudaciones de la Municipalidad y la prohibición de contacto con trabajadores municipales vinculados a la causa.
Qué ocurrió durante la protesta gremial
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, el episodio ocurrió entre las 5:27 y las 9 de la mañana del 15 de abril, en el marco de una medida de fuerza encabezada por integrantes del gremio SOYEM frente al edificio comunal.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el MPF, una de las imputadas inició un foco ígneo mediante la quema de neumáticos, cartones y otros elementos combustibles frente al área de Rentas y Recaudaciones. Posteriormente, otra de las acusadas y el imputado habrían intervenido para acercar deliberadamente un tambor metálico en llamas hacia el ingreso principal del edificio.
La fiscalía sostiene que esa acción provocó daños visibles sobre la fachada, cartelería institucional y sectores superiores de la estructura municipal, incluida una ampliación que se encontraba en construcción.
Además, el Ministerio Público Fiscal advirtió que el accionar generó una situación de riesgo para empleados municipales que ingresaban al lugar durante la mañana, especialmente por la propagación del humo y el fuego hacia oficinas ubicadas en el primer piso.
Entre las pruebas reunidas durante la investigación se incorporaron testimonios, informes técnicos, actuaciones policiales, documentación municipal y registros fílmicos que, según la acusación, permiten reconstruir la secuencia de los hechos y el grado de participación de cada uno de los imputados.
La pretensión punitiva provisoria planteada por la fiscalía es inferior a tres años de prisión, motivo por el cual el eventual juicio sería realizado por un tribunal unipersonal.
El dato que amplificó el impacto del caso
La investigación tomó una dimensión aún mayor en Chos Malal luego de conocerse que una de las imputadas, Marcela Manríquez, es madre de dos hombres acusados recientemente en una causa por presunta comercialización de cocaína en el norte neuquino.
Ese expediente judicial se originó tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Uriburu, sobre calle Albert, donde personal policial secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento y comercialización de droga.
Durante aquella audiencia, la fiscalía sostuvo que en el procedimiento se encontraron aproximadamente 141 gramos de clorhidrato de cocaína, entre sustancia compactada y envoltorios listos para su venta, equivalentes a unas 300 dosis.
También fueron secuestradas una balanza de precisión, pastillas utilizadas presuntamente para el rebaje de la droga, terminales de pago electrónico y dinero en pesos argentinos y chilenos.
Los acusados, Juan Gabriel Hidalgo y Lautaro Lihuen Hidalgo, fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En esa causa, el juez de garantías Lisandro Borgonovo rechazó el pedido de prisión preventiva domiciliaria solicitado por la fiscalía y dispuso medidas alternativas, entre ellas la prohibición de salir de Chos Malal, presentaciones diarias en sede policial, embargo e inhibición de bienes.
Un caso con impacto político y social
La combinación entre el conflicto sindical, los daños a un edificio público y el vínculo familiar con una investigación narco convirtió al expediente en uno de los casos judiciales de mayor repercusión en el norte neuquino durante las últimas semanas.
La causa generó un intenso debate sobre los límites de las protestas gremiales, la responsabilidad penal de los manifestantes y el deterioro institucional derivado de conflictos sindicales cada vez más tensos.
Ahora, con la investigación concluida y el pedido de juicio formalizado, la atención judicial estará puesta en la audiencia de control de acusación, paso previo al proceso oral donde se definirá si los tres municipales terminan sentados en el banquillo de los acusados por el ataque al edificio comunal de Chos Malal.
