La causa por las presuntas estafas inmobiliarias de la Cooperativa 14 de Octubre sumó este jueves un nuevo capítulo en la Justicia neuquina. En una audiencia cargada de definiciones, la fiscalía logró que se prorroguen por un año las medidas de coerción y cautelares contra personas imputadas que aún no llegaron a juicio, mientras el perjuicio económico actualizado ya supera los $412 millones.
El pedido fue formulado por la asistente letrada de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Tanya Cid, quien sostuvo que, lejos de atenuarse, el riesgo procesal se incrementó con el avance de la investigación. El juez de garantías Juan Manuel Kees avaló todos los planteos y dispuso mantener las restricciones que pesan sobre C.M.G. y M.M.P.D.S., además de reforzar el embargo sobre un inmueble clave en la causa.
Las medidas renovadas obligan a los imputados a presentarse periódicamente ante la Justicia y a solicitar autorización si desean salir del país por más de 30 días. En paralelo, se ratificó la inhibición general de bienes y el embargo del edificio ubicado en Diagonal España 467, en la ciudad de Neuquén, sede de la cooperativa, con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica en caso de condena.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que no se pidió extender el plazo de la investigación preparatoria, que vence el 19 de febrero. Antes de esa fecha, anticiparon, se presentará la acusación formal, un paso que cerrará la etapa investigativa y abrirá la puerta al juicio.
Según la hipótesis fiscal, entre 2016 y julio de 2022 se habría montado una maniobra de defraudación que dejó al menos 63 víctimas. El ya condenado Mario Osvaldo Del Río y los imputados habrían aprovechado sus roles dentro de la Cooperativa 14 de Octubre para recibir pagos de personas que creían comprar terrenos en la meseta de Neuquén. Sin embargo, el dinero no habría sido destinado al proyecto de urbanización prometido.
A C.M.G., M.M.P.D.S. y una tercera imputada, identificada como M.F., se les atribuye haber colaborado con Del Río en la operatoria. En el caso de esta última, la fiscalía explicó que no participó de la audiencia reciente porque no pesa sobre ella ninguna medida de coerción.
El impacto económico de la maniobra también creció con el paso del tiempo. El perjuicio histórico fue estimado en $61.796.497,55 y 13.450 dólares, pero actualizado a febrero de 2026 supera los $412 millones. En función de ese cálculo, durante la audiencia se ajustó el monto del embargo sobre el inmueble de la cooperativa para cubrir el daño económico investigado.
Con la acusación a punto de presentarse y las medidas judiciales vigentes por un año más, la causa entra en su tramo decisivo. Las víctimas, que llevan años esperando una definición, miran ahora hacia la próxima audiencia: la que determinará si el expediente avanza finalmente hacia el juicio oral.
