La mañana avanzaba con normalidad en varias ciudades de Neuquén hasta que, casi al mismo tiempo, nueve allanamientos alteraron la rutina. Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y la capital provincial fueron escenario de un operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación que apunta a una presunta administración fraudulenta dentro de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos.
La medida fue impulsada por la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y contó con la autorización del juez de garantías Raúl Aufranc. Durante varias horas, personal de la Policía provincial ingresó a distintos inmuebles en busca de pruebas que permitan reconstruir el circuito económico de la entidad.
El objetivo fue claro: secuestrar información clave, tanto en formato físico como digital. Listados de afiliados, convenios con empresas, contratos, facturación, órdenes de trabajo y presupuestos formaron parte del material buscado, junto con documentación vinculada a movimientos bancarios y billeteras virtuales.
Afiliaciones bajo presión y una denuncia que encendió las alarmas
La investigación se inició tras una denuncia presentada por trabajadores vinculados a la UOCRA, quienes aseguraron que, al ingresar a puestos en relación de dependencia, fueron obligados a afiliarse a la mutual. Según relataron, la alternativa era clara y directa: afiliarse o perder el trabajo.
Ese dato fue el punto de partida para que la fiscalía comenzara a analizar el funcionamiento interno de la entidad y, especialmente, el destino de los fondos recaudados.
Mil millones en aportes y transferencias bajo sospecha
De manera preliminar, la fiscalía logró establecer que durante el primer semestre de 2025 la mutual habría recaudado cerca de 1.000 millones de pesos en concepto de aportes. Sin embargo, el dato que generó mayor preocupación fue otro: solo un porcentaje mínimo de ese dinero habría sido destinado a prestaciones reales para los afiliados.
En paralelo, se detectó que unos 950 millones de pesos fueron transferidos a dos empresas y a un particular, todos ellos con vínculos con autoridades de la mutual, lo que refuerza la hipótesis de un posible esquema de desvío de fondos.
Por ahora, la causa se encuentra en una etapa inicial, pero los allanamientos marcaron un punto de inflexión. La documentación secuestrada será analizada en las próximas semanas y podría definir el rumbo de una investigación que ya sacude al sector de la construcción y al sistema mutual neuquino.
