La actuación alcanzaría a los problemas registrados en Caviahue-Copahue, Loncopué, Aluminé, Villa Pehuenia, El Huecú, El Cholar y localidades aledañas, zonas donde la conectividad dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable para la vida cotidiana, el turismo, el comercio y la seguridad.
Según pudo saber Mejor Informado, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor instruirá una actuación de oficio ante las marcadas deficiencias en el servicio. El planteo no se limita únicamente a la interrupción o mala prestación de telefonía móvil e internet, sino también a la falta de información clara hacia los usuarios, que muchas veces no saben cuál es el motivo del problema, cuándo se normalizará el servicio, cómo reclamar o si corresponde algún tipo de compensación.
La medida administrativa será notificada a la empresa para que pueda ejercer su derecho de defensa, presentar sus argumentos y explicar cuál es la situación técnica en las zonas afectadas. Luego de ese trámite, si la autoridad de aplicación considera acreditadas las infracciones, el proceso podría concluir con sanciones económicas.
El reclamo cobra especial relevancia por el momento del año. Con el inicio de la temporada invernal, localidades como Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia y Aluminé reciben visitantes, prestadores turísticos, trabajadores temporarios y familias que dependen de la conectividad para operar reservas, pagos, consultas médicas, comunicaciones de emergencia y movimientos bancarios.
Hoy, quedarse sin señal o sin internet no significa solamente no poder hacer una llamada. En muchas localidades del interior implica no poder cobrar con billeteras virtuales, no poder usar home banking, no poder confirmar una transferencia, no poder comunicarse con un prestador turístico, no poder avisar una emergencia o no poder trabajar.
Desde la Provincia entienden que esa situación coloca a los usuarios en un estado de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde las alternativas de conectividad son limitadas y donde no siempre existen oficinas comerciales cercanas para realizar reclamos presenciales.
Uno de los puntos centrales de la imputación sería la falta de información. Para Protección al Consumidor, no alcanza con que la empresa sostenga que existe una falla técnica: debe informar en forma clara, precisa y accesible qué ocurre, qué zonas están afectadas, cuál es el plazo estimado de solución y qué canales reales tienen los usuarios para reclamar.
La falta de oficinas o puntos de atención de Movistar también aparece como una de las preocupaciones. En muchas localidades del interior, los usuarios deben resolver todo de manera digital o telefónica, justamente cuando el problema denunciado es la falta de conectividad. Esa contradicción agrava el cuadro, porque deja al consumidor sin una vía simple y efectiva para hacer valer sus derechos.
El impacto también se siente en los comercios. En pueblos turísticos o de montaña, los pagos electrónicos son parte del funcionamiento diario. Restaurantes, alojamientos, estaciones de servicio, guías, comercios y pequeños emprendedores dependen de la señal para cobrar con QR, tarjetas o transferencias. Cuando el servicio falla, la pérdida no es sólo una incomodidad: puede transformarse en una afectación económica directa.
La Provincia considera que la conectividad es hoy un servicio básico para la comunicación, la actividad económica y el acceso a herramientas esenciales. Por eso, la protección de los usuarios del interior neuquino fue definida como una prioridad por las autoridades del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
El procedimiento administrativo tendrá una primera etapa formal: se dará traslado a Movistar para que la empresa conteste la imputación, informe las causas de las deficiencias denunciadas y detalle qué medidas adoptó o adoptará para normalizar el servicio. También podría requerirse información sobre la cantidad de usuarios afectados, los períodos de interrupción o prestación deficiente y los mecanismos de compensación previstos.
La autoridad de aplicación evaluará si existieron incumplimientos vinculados con la prestación del servicio, la atención de reclamos y el deber de información. En caso de verificarse esas infracciones, la empresa podría recibir multas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la brecha entre las grandes ciudades y las localidades del interior en materia de conectividad. En la provincia de Neuquén, donde el turismo de invierno, la actividad productiva y la vida comunitaria dependen cada vez más de servicios digitales, una falla prolongada de telefonía móvil o internet puede afectar derechos básicos de consumidores, comerciantes y visitantes.
Para las autoridades provinciales, el objetivo no es sólo sancionar una conducta, sino lograr que la empresa brinde respuestas concretas, mejore la calidad del servicio y garantice información clara a los usuarios. La prioridad, remarcan, es que quienes viven o trabajan en el interior tengan el mismo nivel de protección que cualquier consumidor de los grandes centros urbanos.
La imputación abre ahora una instancia administrativa en la que Movistar deberá responder. Mientras tanto, el reclamo de los usuarios sigue siendo el mismo: tener conectividad estable, canales de atención reales y explicaciones claras cuando el servicio no funciona.
