Trelew.— La contienda institucional y legal que enfrentó durante casi ocho años al Licenciado Bruno Sancci con las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) alcanzó un punto de inflexión con la emisión de la Resolución Digital Ad Referéndum CDFHyCS N.° 239/2026. A través de este acto administrativo, firmado por la Decana Mg. Silvana dos Santos, la casa de altos estudios formalizó la restitución e ininterrumpida continuidad del docente al frente de sus tres cátedras ordinarias en la Sede Trelew: Didáctica Específica de la Historia, Métodos y Técnicas de la Investigación I y Problemáticas del Mundo Actual II.
Esta decisión administrativa constituye la capitulación obligada de la universidad luego de que el profesor triunfara de manera consecutiva en cuatro juicios ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en lo que el propio historiador definió como el desenlace de una “persecución implacable” e ideológica extendida a lo largo de más de un quinquenio.
Los cuatro fallos federales que desmantelaron el armado sumarial
Las decisiones de la justicia federal expusieron severos vicios de procedimiento, arbitrariedad y desvío de poder en el accionar del aparato disciplinario universitario:
1. Nulidad Absoluta de Sumarios: La Cámara Federal declaró la nulidad de las actuaciones disciplinarias impulsadas contra el profesor, constatando la violación sistemática de la garantía constitucional del debido proceso, el derecho de defensa y los plazos de caducidad.
2. Restitución del Cargo de Gestión e Investigación (Prosecretaría): Los magistrados anularon la remoción del docente de sus funciones en la Prosecretaría de Investigación, ordenando el pleno reconocimiento de sus derechos de revista.
3. Invalidez de la Suspensión Indefinida: La alzada federal dejó sin efecto la pretensión del co-gobierno de mantener una suspensión preventiva incuantificable en el tiempo, calificándola como una sanción encubierta e ilegítima.
4. Sentencia Interlocutoria de Ejecución (Expte. FCR 81001207/2024 - Septiembre 2026): El tribunal constató el cese de las medidas preventivas, notificó el carácter obligatorio e incondicional de sus pronunciamientos y desestimó las dilaciones del Decanato.
A este contundente cuadro procesal se le suma el archivo definitivo dictado por el Ministerio Público Fiscal en las causas penales conexas, donde pericias científicas descartaron la existencia de delito alguno.
Auditoría de la SPU, impacto en redes sociales y proyección nacional
En el marco de esta contienda, Sancci impulsó un pedido formal de intervención y auditoría ante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación, exigiendo la fiscalización centralizada sobre el cumplimiento de los fallos, la entrega de padrones en el sistema SIU Guaraní y la transparencia presupuestaria.
Asimismo, la irrupción pública del profesor en la red social Instagram en junio de este año articuló un espacio de reclamo institucional que superó los 20.000 seguidores. La plataforma funcionó como una vía de visibilización documental que expuso los expedientes oficiales y rompió el cerco informativo local. Desde allí, el historiador enmarcó su lucha como una causa testigo en defensa de la libertad de cátedra, expresando su solidaridad con otros docentes perseguidos en el país que sostienen batallas judiciales tras ser cesanteados de forma arbitraria, como Guido Galafassi (UNQ), Martín Aveiro (UNS), Mario Palma Godoy (UNPSJB) y Juan Sarasola (UNLPam).
Ofensiva en el fuero civil y penal
Paralelamente al ámbito académico, la estrategia legal avanza hacia la determinación de responsabilidades individuales. Se confirmó el curso de la demanda civil por daños y perjuicios tramitada contra la Vicedecana, Dra. Mónica Gatica, por imputaciones calumniosas, mientras el equipo legal ultima nuevas acciones civiles y penales dirigidas contra los integrantes de la comunidad universitaria que participaron en escraches, agresiones físicas e intimidaciones.
Desde la cátedra señalarón que, si bien la Resolución N.° 239/2026 restablece el marco institucional, se mantendrá una vigilancia procesal estricta para impedir nuevos episodios de hostigamiento en las aulas.
