En la maratónica sesión que se llevó a cabo durante todo el día de ayer, el Senado de la Nación convirtió en ley -luego de que tuviera el respaldo también en Diputados- el proyecto de Inocencia Fiscal II, el cual establece modificaciones en la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, prescripción tributaria y régimen sancionatorio.
La iniciativa tuvo el apoyo clave de senadores que responden a gobernadores de provincias como Neuquén, Chubut, Santiago del Estero, Misiones, Salta, entre otras.
Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro
Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad votó a favor del proyecto de ley. Por su parte, Pablo Cervi y Nadia Márquez, ambos de La Libertad Avanza, naturalmente se pronunciaron a favor de la iniciativa.
Por parte de la provincia de Río Negro, votó a favor del proyecto Enzo Fullone (LLA), mientras que se pronunciaron en contra Martín Soria y Ana Marks (ambos de la bancada Justicialista).
Detalles del proyecto
Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez detalló que, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, hoy fijado únicamente en el 15%, había generado que contribuyentes con diferencias de poco volumen quedaran expuestos a inspecciones.
El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial. Domínguez explicó que quienes quieran utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno a que la mayor cantidad posible de contribuyentes se anime a blanquear sus ahorros durante lo que resta de la gestión.
