El conflicto con el gremio de los judiciales neuquinos vuelve a poner en evidencia una desconexión cada vez más marcada entre la dirigencia sindical y la sociedad. Mientras el sindicato SEJUN sostiene un paro en reclamo de mejoras salariales, la percepción generalizada entre los ciudadanos es que la medida carece de sustento y afecta, una vez más, a quienes nada tienen que ver con la disputa: los vecinos que necesitan respuestas de la Justicia.
El reclamo, en rigor, no parece apoyarse en argumentos sólidos. La propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) incluye actualizaciones trimestrales de los sueldos atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante todo 2026, dos bonos extraordinarios de 400.000 pesos, una asignación adicional en cuotas también indexada por inflación, ayuda escolar y un monto específico de 350.000 pesos destinado a capacitación. A eso se suman compromisos vinculados a concursos internos, convenio colectivo y gestiones para el sector pasivo.
Se trata de una oferta que difícilmente encuentre equivalentes en otros ámbitos laborales del país. En un contexto donde amplios sectores, especialmente del ámbito privado, enfrentan incertidumbre y pérdida de poder adquisitivo, la propuesta del TSJ aparece como un privilegio. Sin embargo, fue rechazada por el gremio, que decidió avanzar con medidas de fuerza que paralizan el funcionamiento judicial.
El problema no es solo económico, sino también de percepción social. Los trabajadores judiciales en Neuquén cuentan con condiciones que muchos consideran ventajosas: jornada laboral acotada -con actividad concentrada en horario matutino- y dos extensos períodos de feria judicial, en enero y en julio. En ese marco, el paro refuerza la idea de que el reclamo no encuentra eco en la mayoría de la sociedad.
Los judiciales de Neuquén cuentan con condiciones especiales: jornada laboral acotada, dos extensos períodos de feria judicial (enero y en julio).
En contraste, una iniciativa política reciente sí logró captar la atención y el respaldo ciudadano, al menos en redes sociales. La diputada provincial Gisselle Stillger propuso revisar el régimen de ferias judiciales, con el objetivo de reducir su duración a la mitad: dos semanas en enero y una en julio. La propuesta apunta a adecuar el funcionamiento del sistema a los nuevos desafíos que plantea la modernización de los procesos judiciales.
La iniciativa, lejos de ser percibida como un ataque, fue interpretada por muchos como un intento razonable de mejorar la eficiencia del servicio de Justicia. Según explicó la legisladora, la idea es garantizar la continuidad del servicio, compatibilizando el derecho al descanso de los trabajadores con la necesidad de brindar respuestas ágiles a la ciudadanía, en línea con los principios de celeridad procesal.
En este escenario, la diferencia es clara: mientras el reclamo sindical genera rechazo y carece de consenso social, la propuesta de avanzar hacia una Justicia más dinámica y menos interrumpida por largos recesos gana terreno en la opinión pública. El debate, en definitiva, ya no pasa solo por salarios, sino por el compromiso con un servicio esencial que debe estar a la altura de las demandas de la sociedad.
