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Sin lugar en el Estado: Figueroa echó a cinco empleados involucrados en la estafa con planes sociales

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la decisión forma parte del proceso de saneamiento y fortalecimiento de la administración pública.

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Viernes, 03 de julio de 2026 a las 13:35
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El Gobierno provincial dispuso la expulsión de cuatro agentes y la cesantía de una empleada, todos vinculados a la causa de planes sociales. La medida se adoptó tras concluir los procedimientos administrativos y mientras la investigación continúa en la instancia de impugnación.

El proceso de depuración de la administración pública provincial sumó este viernes un nuevo capítulo. Mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, el Ejecutivo resolvió exonerar a cuatro agentes estatales y aplicar la cesantía a una quinta empleada involucrados en la causa por la estafa con planes sociales.

Las exoneraciones alcanzan a Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Aaron Escobar, quienes fueron condenados por delitos contra la administración pública. En tanto, Marines Elizabeth Huaiquipán recibió la sanción de cesantía, ya que si bien fue sobreseída en sede penal, el sumario administrativo concluyó que incurrió en incumplimientos incompatibles con la función pública. La resolución tuvo en cuenta, además, circunstancias personales atenuantes.

La decisión se adoptó una vez finalizados los procedimientos disciplinarios previstos por el Estatuto del Personal Civil, el Convenio Colectivo de Trabajo y la Ley de Administración Financiera y Control.

La medida coincide con una nueva etapa del proceso judicial. Mientras el Tribunal de Impugnación analiza los recursos de las defensas, el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado buscan que se revoquen las absoluciones por asociación ilícita y se revisen las penas impuestas.

Para la administración provincial, las sanciones representan la continuidad de una política orientada a recuperar la credibilidad del Estado y garantizar que quienes vulneren la confianza pública no continúen formando parte de la administración.

El decreto también ordena comunicar la resolución a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, la Dirección Superior de Sumarios, la Junta de Disciplina y la Fiscalía de Estado.

 

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