Los reclamos llegaron desde tres localidades
La falta de conectividad dejó de ser un problema cotidiano para convertirse en una dificultad concreta para vecinos de Caviahue, Loncopué y El Huecú. Los reiterados reclamos por las fallas en los servicios de telefonía e internet llevaron a la dirección provincial de Protección al Consumidor a intervenir de oficio.
Durante las inspecciones realizadas en esas localidades, el organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos constató que el servicio se brindaba de manera deficiente y que, en algunos casos, directamente era nulo.
La situación no solo afectaba la posibilidad de navegar por internet o realizar llamadas. La falta de conectividad también complicaba actividades que forman parte de la vida diaria y de la economía de esas comunidades.
Sin internet, tampoco podían reclamar
Entre las dificultades constatadas apareció un problema especialmente significativo: los usuarios tenían inconvenientes incluso para comunicarse con los canales telefónicos destinados a realizar reclamos por el propio servicio.
La conectividad también resultaba necesaria para utilizar billeteras virtuales, concretar operaciones laborales y comerciales, comunicarse frente a situaciones de inseguridad y acceder a servicios vinculados con el turismo.
De esta manera, las deficiencias denunciadas alcanzaban distintos ámbitos de la vida cotidiana y dejaban a usuarios de tres localidades neuquinas sin herramientas básicas para comunicarse, trabajar y realizar operaciones.
Una multa de $241 millones
A partir de las constataciones realizadas, la dirección provincial de Protección al Consumidor determinó que Movistar infringió el artículo 8 Bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, referido al derecho de los consumidores y usuarios a recibir un trato digno y equitativo.
La sanción equivale a 147 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3 y asciende a $241.923.192.
El monto no quedará congelado en esa cifra: será actualizado al momento del pago, de acuerdo con el valor vigente de la Canasta Básica Total que publica el Indec.
La resolución considera que la falta de conectividad, sumada a la imposibilidad de acceder adecuadamente a canales de atención y resolución de reclamos, generó situaciones de indefensión para los usuarios.
El lugar donde se vive no puede definir la calidad del servicio
La intervención provincial busca que las empresas garanticen condiciones adecuadas de atención y prestación para todos sus usuarios, también en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos.
En este caso, el reclamo de los vecinos derivó en una inspección, la constatación de las deficiencias y finalmente en una sanción millonaria contra la compañía.
La medida apunta a que la prestación de servicios esenciales para las comunicaciones cotidianas tenga estándares adecuados y que, cuando eso no ocurra, los usuarios cuenten con organismos capaces de intervenir y hacer valer sus derechos.
