La provincia de Río Negro recibirá un anticipo de coparticipación por $120 mil millones enviado por la Nación, pero deberá devolverlo en cuatro meses desde agosto, con una tasa del 15% anual y mediante descuentos automáticos de sus futuros ingresos, en un esquema que expone la delicada situación financiera que atraviesa el gobierno provincial.
En primer lugar, el acuerdo forma parte de la decisión de Nación de adelantar hasta $400 mil millones para asistir a provincias con problemas de caja. Sin embargo, lejos de ser un auxilio gratuito, se trata de un salvavidas con fecha de vencimiento: el dinero llega ahora, pero se descuenta después, sin margen de negociación.
Además, el convenio específico firmado por Río Negro establece un cronograma de desembolsos que ya comenzó a ejecutarse. Según el detalle oficial, el primer tramo fue de $45 mil millones en abril, seguido por otro monto similar en mayo, mientras que los cerca de $30 mil millones restantes se completarán en junio. Es decir, el flujo de fondos está diseñado para cubrir urgencias inmediatas, como sueldos, funcionamiento del Estado y compromisos de deuda.
Ahora bien, el punto más sensible es la devolución. A partir de agosto, la provincia deberá comenzar a devolver el total en cuatro cuotas mensuales y consecutivas. Pero no sólo eso: el reintegro se hará mediante retenciones automáticas de la coparticipación, lo que implica que el dinero será descontado directamente antes de llegar a las arcas provinciales.
En ese sentido, el mecanismo deja poco margen de maniobra. Primero se devuelve el capital y luego se abonan los intereses, calculados mes a mes sobre el saldo de la deuda, con una tasa fija del 15% anual. Esta necesidad surgió a partir de la fuerte caída en los ingresos durante el primer trimestre de 2026, con una pérdida real superior a los $29 mil millones en comparación con el año pasado. Este dato explica por qué el gobierno salió a buscar oxígeno urgente, pero también abre interrogantes sobre cómo afrontará los descuentos futuros.
Sin embargo, el impacto no es solo económico. Puertas adentro, la decisión ya genera ruido político. Mientras el Ejecutivo utiliza la crisis para justificar límites a los aumentos salariales, desde la oposición cuestionan el endeudamiento encubierto y reclaman mayor transparencia en el uso de los fondos.
