En un contexto donde los conflictos ambientales crecen en complejidad y alcance, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén dio un paso clave: formalizó el lanzamiento del Protocolo para la Gestión de Conflictos Ambientales con Enfoque Restaurativo, una iniciativa única en el país que propone cambiar la lógica punitiva por una centrada en el diálogo, la reparación del daño y la construcción de acuerdos.
El documento es el resultado de un trabajo articulado entre la Fiscalía de Delitos Ambientales y la Oficina de Mediación y Conciliación del organismo, y sintetiza años de experiencia en la resolución alternativa de conflictos, combinada con los principios más avanzados del derecho ambiental internacional.
La herramienta fue aprobada mediante el Instructivo 27, firmado por el fiscal general José Gerez, y surge como respuesta a la necesidad de abordar disputas complejas, en las que suelen intervenir múltiples actores con intereses diversos y, muchas veces, relaciones de poder desiguales.
Según explicó la subdirectora provincial de Mediación y Conciliación, Cecilia Basterrechea, el nuevo enfoque se alinea con el Código Procesal Penal de Neuquén, que establece la búsqueda de soluciones integrales por sobre la mera sanción. “No se trata solo de castigar, sino de reparar y prevenir”, sintetizó.
En ese sentido, el enfoque restaurativo propone intervenciones diseñadas a medida de cada caso, teniendo como eje el orden público ambiental y la participación de todos los sectores involucrados. La comunidad afectada, en este esquema, deja de ser un actor pasivo para convertirse en parte activa de la solución.
Una hoja de ruta clara y participativa
El protocolo establece un procedimiento preciso que comienza con la derivación del caso por parte de la fiscalía especializada y continúa con una evaluación de viabilidad por parte del equipo de Mediación y Conciliación. A partir de allí, se identifican los actores involucrados y se promueven instancias de diálogo con criterios de transparencia y cooperación.
El modelo se sustenta en un sólido marco normativo que incluye el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y las leyes provinciales 1875 y 2879, y se apoya en tres pilares fundamentales: la equidad intergeneracional, la prevención y reparación del daño, y el acceso a la justicia mediante procesos voluntarios y flexibles.
A diferencia de los esquemas tradicionales, este sistema busca anticiparse al conflicto y fomentar soluciones que no solo resuelvan el problema inmediato, sino que también eviten su repetición.
Neuquén, a la vanguardia
Con esta iniciativa, el MPF neuquino no solo cumple con su normativa interna, sino que se posiciona como un modelo a nivel federal en materia de gestión de conflictos ambientales. La apuesta es clara: construir paz social sin descuidar la protección de los recursos naturales.
“El desafío es adaptarnos a las necesidades actuales y garantizar que el tratamiento de los conflictos ambientales se realice bajo estándares de participación comunitaria”, concluyó Basterrechea.
En tiempos donde el ambiente se consolida como un eje central de la agenda pública, Neuquén da un paso firme hacia una justicia más cercana, preventiva y comprometida con el futuro.
