El rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres celebró el fallo judicial que ordena aplicar la ley de financiamiento universitario y exigió al Gobierno nacional cumplir sin dilaciones. Advirtió sobre la pérdida de docentes por bajos salarios y el impacto en hospitales escuela.
“Fue una grata noticia, es una gran noticia para los universitarios. No debiera discutirse esto de cumplir la ley y eso viene a decir la justicia con este dictamen”, afirmó.
El dirigente universitario reclamó al Gobierno nacional que cumpla de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario, alertando sobre la sangría de docentes. El cumplimiento es clave para evitar la sangría que atraviesa el sistema: “Los docentes universitarios se están yendo porque los salarios son muy bajos y eso afecta la calidad del sistema universitario”, señaló a Radio Kaos de Roca.
Torres fue enfático: “La justicia pone orden y esperamos que el gobierno empiece a cumplir la ley. No es una opción, una elección o interpretación. Fue claro y contundente lo que la justicia dijo y se decidan a cumplir con la ley de financiamiento universitario”.
El rector advirtió que el Ejecutivo podría intentar dilatar la aplicación para hacer caer la decisión, pero subrayó que el cumplimiento es clave para evitar la pérdida de más docentes.
La última actualización del presupuesto universitario fue en 2024. La ley contempla recomposición salarial y becas, pero también financiamiento para el sistema científico, infraestructura y gastos de funcionamiento. Torres adelantó que el CIN avanzará sobre esos puntos en nuevas presentaciones.
El dirigente ejemplificó la magnitud del problema: “En el presupuesto 2026 nos otorgaron para la UNRN 17 millones para salud. Tenemos tres hospitales escuela y ni siquiera los servicios pagamos con ese monto. No podemos renovar los sillones del hospital escuela de odontología. El impacto que genera la falta de presupuesto es muy grande”.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario, al considerar que no fueron desvirtuados los argumentos que justificaron su dictado en primera instancia. El caso se originó tras la sanción de la norma por el Congreso y que fue ratificada con dos tercios luego del veto presidencial y su posterior promulgación mediante el decreto 759/25, que condicionó su aplicación a la asignación de financiamiento específico.
La resolución judicial refuerza el reclamo universitario y marca un precedente en la defensa del financiamiento educativo, en un contexto de crisis presupuestaria que afecta directamente la calidad y continuidad del sistema.
