La discusión sobre el funcionamiento interno de la Legislatura neuquina sumó este jueves un nuevo capítulo político. La vicepresidenta primera a cargo de la Presidencia, Zulma Reina, decidió bajar al recinto y responder personalmente a los cuestionamientos planteados sobre el régimen de asistencias de los diputados y la implementación de la ley de narcotest. Lo hizo con un mensaje que tuvo un fuerte contenido institucional, pero también político.
“Hay que resguardar la institución parlamentaria por sobre todas las cosas”, afirmó al inicio de su exposición, al cuestionar que los pedidos de información surgieran a partir de planteos individuales que no habían sido debatidos previamente dentro de la comisión correspondiente.
La diputada de Comunidad buscó dejar en claro que detrás de las consultas no existe una situación irregular dentro de la Cámara y defendió los mecanismos de control que actualmente utiliza el Poder Legislativo.
La respuesta a las críticas por las ausencias
Uno de los puntos más sensibles de la discusión estuvo vinculado a las versiones sobre posibles faltas de diputados sin consecuencias económicas. Reina aseguró que la Legislatura cuenta con un sistema de control basado en el Reglamento Interno y reforzado por una resolución aprobada durante 2024 que regula los descuentos sobre las dietas.
Además, explicó que actualmente funciona un sistema informático desarrollado por personal de la propia Cámara que cruza automáticamente información de comisiones, sesiones y registros legislativos.
La legisladora fue categórica al sostener que no existen ausencias injustificadas que hayan quedado sin tratamiento. “Si no hubo descuentos, es porque no correspondía aplicarlos”, señaló.
Según explicó, todas las inasistencias registradas cuentan con la documentación requerida por la normativa vigente, ya sea mediante certificados médicos o comisiones de servicio debidamente informadas.
Narcotest: una ley vigente y una discusión pendiente
Sin embargo, el tramo más político de su intervención llegó cuando abordó la situación de la ley de exámenes toxicológicos.
La norma fue aprobada por unanimidad durante 2025 y establece controles para funcionarios públicos provinciales. No obstante, la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo no incluyó a los poderes Legislativo ni Judicial.
Esa situación abrió una discusión institucional que todavía no fue resuelta.
Reina sostuvo que la Cámara debe definir quién será la autoridad de aplicación, qué organismo realizará los estudios y cuáles serán las eventuales sanciones para los legisladores que incumplan la normativa.
La diputada planteó que esas decisiones no pueden ser adoptadas unilateralmente desde la Presidencia.
“¿Cómo voy a reglamentar sola algo que le corresponde decidir a todo el cuerpo?”, planteó ante sus pares.
El desafío que lanzó a toda la Cámara
Pero lejos de limitarse a la discusión técnica, Reina avanzó con una propuesta que rápidamente generó repercusión dentro del ámbito político. La vicepresidenta preguntó si realmente los diputados necesitan esperar una reglamentación para cumplir con una ley que ya fue sancionada.
Y lanzó un desafío directo: propuso que quienes consideran prioritario el tema se acerquen voluntariamente a hospitales o laboratorios, se realicen el examen toxicológico completo y "afronten personalmente el costo del estudio".
“¿Necesitan los señores diputados una reglamentación para cumplir una ley vigente?”, insistió.
La frase fue interpretada como un mensaje dirigido tanto a la oposición como a sectores del propio oficialismo que vienen reclamando avances en la implementación del narcotest.
Un debate que sigue abierto
La legisladora adelantó además que impulsará una resolución para que la Comisión de Salud de la Legislatura sea la encargada de elaborar la reglamentación interna y establecer procedimientos, controles y sanciones.
Mientras tanto, el debate continúa abierto.
Lo que comenzó como un pedido de informes sobre asistencias terminó transformándose en una discusión más amplia sobre transparencia, controles institucionales y responsabilidades políticas dentro de la Cámara.
Y en ese escenario, Reina eligió responder con una combinación de defensa institucional y desafío político, dejando sobre la mesa una pregunta que seguramente seguirá generando debate en los próximos días: si la ley ya está vigente, ¿qué impide que los propios diputados den el primer paso?
