Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca crear un régimen de incentivo fiscal destinado a promover la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado. La propuesta apunta a saldar lo que se describe como una “asimetría estructural” en el mercado de trabajo provincial, donde el Estado cuenta con normativas de inclusión vigentes, pero el sector comercial y productivo carece de un esquema sistemático que acompañe la contratación formal.
La iniciativa radica en un crédito fiscal mensual vinculado al Impuesto a los Ingresos Brutos, equivalente al 50% de las contribuciones patronales de cada trabajador con discapacidad contratado por tiempo indeterminado. El beneficio alcanzará a empresas, cooperativas, mutuales y organizaciones no gubernamentales radicadas en la provincia.
Además, se contempla un reconocimiento retroactivo para aquellos empleadores que ya cuentan con personas con discapacidad en su plantilla formal: podrán solicitar el crédito fiscal hasta con seis meses de retroactividad, en reconocimiento a su esfuerzo previo en materia de inclusión.
El proyecto establece cláusulas de control y límites presupuestarios para evitar abusos. El descuento mensual nunca podrá superar el 35% del total del Impuesto a los Ingresos Brutos determinado por la empresa en ese período, y el crédito fiscal tendrá un techo máximo equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil nacional. Asimismo, el presupuesto provincial fijará cada año un monto cerrado para el programa; una vez agotado, se suspenderá la entrega de nuevos créditos.
Las empresas que incurran en empleo no registrado, tengan deudas fiscales o hayan reducido de manera injustificada su plantilla laboral en los seis meses previos a la solicitud quedarán automáticamente excluidas del beneficio, que será revocado con efectos retroactivos.
La autoridad de aplicación será compartida entre el Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y Trabajo, que fiscalizarán las condiciones de accesibilidad y salubridad de los puestos, además de gestionar el Registro Provincial de Postulantes con Discapacidad para el Sector Privado. Este registro articulará perfiles profesionales con las oficinas de empleo municipales, fortaleciendo la vinculación entre oferta y demanda laboral.
Los fundamentos de la iniciativa destacan que la inclusión laboral en el sector privado no solo constituye un acto de responsabilidad social, sino también una estrategia para potenciar la innovación, la empatía y el éxito organizacional. La normativa busca transformar la asistencia pasiva en productividad y autonomía, generando un impacto real en la vida de los rionegrinos.
