La decisión se adoptó luego de un sumario administrativo exhaustivo, iniciado el 9 de abril de 2025, que permitió reconstruir un patrón de violencia laboral continuado y sistemático desde julio de 2024. Según consta en la documentación oficial, Cides no sólo agravió a sus compañeros y compañeras de trabajo, sino que también dirigió sus conductas hacia superiores jerárquicos, alterando gravemente el funcionamiento del área.
Las actuaciones se centraron en hechos ocurridos en dependencias vinculadas a políticas culturales y al ente cinematográfico provincial (ENCINE), donde —de acuerdo a testimonios y pruebas reunidas— el agente generó un clima de hostilidad permanente, caracterizado por intimidaciones, descalificaciones y amenazas directas contra la integridad física de otros trabajadores.
En paralelo, los auditores también acreditaron incumplimientos reiterados de tareas, desobediencia sistemática a las instrucciones impartidas por sus superiores y la formulación de acusaciones sin sustento contra integrantes del equipo de trabajo.
La prueba testimonial resultó determinante: al menos seis testigos presenciales declararon de manera coincidente haber sido víctimas o testigos directos de las conductas violentas. Sus relatos permitieron consolidar un cuadro de situación que fue considerado de alta gravedad por las autoridades intervinientes.
A su vez, la intervención de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral —integrada por profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social, derecho y recursos humanos— concluyó con una evaluación categórica: Cides fue calificado como un agente de “alto riesgo”, destacándose su actitud refractaria, la ausencia total de autocrítica y la persistencia en la validación de sus propias conductas agresivas.
Como medida preventiva, durante el proceso se le había aplicado una suspensión sin goce de haberes, que el propio Cides intentó revertir por vía judicial. Sin embargo, el Juzgado Procesal Administrativo N°1 rechazó su planteo de reincorporación y devolución de haberes, al considerar que el caso involucraba el interés público y la protección del entorno laboral.
Con todos los elementos reunidos, la Junta de Disciplina recomendó la cesantía definitiva, fundamentando su decisión en la concurrencia de múltiples agravantes: la continuidad en el tiempo de los hechos, la cantidad de personas afectadas, la gravedad de las amenazas proferidas y, especialmente, la imposibilidad de revertir la conducta del agente mediante medidas correctivas.
La resolución final se enmarca en una línea de gestión que, desde el inicio de la actual administración, viene impulsando un criterio claro: no hay margen para la violencia, la indisciplina ni el incumplimiento dentro del Estado. En este caso, la separación de Cides no sólo respondió a la gravedad de los hechos comprobados, sino también a la necesidad de preservar la integridad de los trabajadores y garantizar el normal funcionamiento del servicio público.
La “purga” de conductas incompatibles con la función estatal, lejos de detenerse, suma así un episodio que expone el alcance concreto de la política de tolerancia cero en la provincia
