La política de “tolerancia cero” dentro de la administración pública neuquina volvió a derivar en nuevas expulsiones. En esta oportunidad, dos empleados estatales fueron desvinculados luego de recibir condenas judiciales: se trata de un policía y un portero que cumplían funciones en distintos organismos de la provincia.
Las medidas quedaron formalizadas el viernes pasado mediante decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa, luego de los correspondientes procedimientos administrativos.
Uno de los casos involucra a Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien trabajaba como auxiliar de servicios en el Jardín de Infantes N° 52 de Añelo. El Poder Ejecutivo provincial confirmó la resolución adoptada previamente por el Consejo Provincial de Educación (CPE), que había dispuesto su desvinculación a raíz de una condena judicial.
La causa estuvo relacionada con los delitos de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego, en concurso real con tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil.
Según consta en la documentación oficial, la Justicia le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además del pago de una multa, como resultado de un acuerdo judicial.
A partir de esa condena, las autoridades consideraron que el trabajador dejó de reunir las condiciones exigidas para conservar su estabilidad dentro del Estado provincial.
La normativa que regula al personal de la administración pública establece, entre otros requisitos, la obligación de mantener una conducta acorde con las responsabilidades que implica desempeñarse como agente estatal.
En ese marco, el expediente concluyó que la conducta por la que fue condenado resultaba incompatible con las exigencias morales y de comportamiento establecidas para los empleados públicos.
El segundo caso corresponde a Patricio Eduardo Gómez, quien se desempeñaba como oficial principal de la Policía de Neuquén. En este caso, fue la propia Jefatura de Policía la que solicitó que se aplicara la máxima sanción administrativa, luego de que Gómez fuera condenado por un hecho cometido contra una compañera de trabajo.
La denuncia había sido presentada ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023 y dio lugar a una investigación por abuso sexual. Posteriormente, un Tribunal de Juicio dictó una sentencia condenatoria y estableció una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por la condición de funcionario público o integrante de una fuerza policial o de seguridad.
El ahora exoficial cuestionó las actuaciones llevadas adelante en el ámbito administrativo, pero los recursos que presentó fueron rechazados.
A la condena penal se sumó otro elemento determinante para su salida de la fuerza: la Justicia le impuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones vinculadas con la seguridad y otras tareas propias del servicio policial.
De acuerdo con el expediente administrativo, esa medida constituye un impedimento legal para que pueda continuar desempeñándose como integrante de la Policía provincial.
De esta manera, ambos casos terminaron con la expulsión de los trabajadores del Estado neuquino, en línea con la decisión del Gobierno provincial de aplicar sanciones frente a condenas judiciales que resulten incompatibles con el desempeño de funciones públicas.
