La revocatoria de mandato de Marcelo Román quedó atrapada en una nueva pelea política y judicial en Allen. Aunque el Concejo Deliberante logró rechazar el veto del intendente y ratificar la ordenanza que impulsa el referéndum popular, el vencimiento del plazo de 30 días establecido por la Carta Orgánica abrió otro frente de conflicto. el mandatario podría utilizar ese argumento para cuestionar cualquier nueva convocatoria, mientras la oposición apuesta a poner en funciones a la Junta Electoral Municipal y avanzar con otra fecha para que los vecinos decidan en las urnas.
La pelea ya lleva varios meses y cada movimiento parece agregarle un capítulo más complicado. Todo comenzó con la iniciativa de revocatoria promovida por Silvina Cantero, que consiguió reunir las adhesiones necesarias para poner en marcha el mecanismo previsto en la Carta Orgánica. Después de una primera presentación de firmas, que tuvo observaciones y validaciones, llegó una segunda recolección que alcanzó las 4.771 adhesiones válidas, por encima del 20% del padrón municipal exigido para habilitar la consulta popular.
Con ese respaldo, el proceso avanzó hacia el referéndum, pero el conflicto político rápidamente se trasladó al terreno institucional. El Concejo Deliberante había establecido el 8 de noviembre como fecha para que los vecinos se pronunciaran sobre la continuidad de Román al frente del municipio. Sin embargo, el intendente salió al cruce y vetó la ordenanza que habilitaba la convocatoria. La discusión dejó de ser solamente política: comenzó una carrera de obstáculos administrativos y judiciales que terminó dejando la consulta en suspenso.
El primer golpe llegó desde la Justicia. El juez Contencioso Administrativo, Matías Lafuente suspendió cautelarmente la resolución mediante la cual se había establecido la fecha del referéndum. El argumento apuntó a una cuestión formal: la convocatoria debía realizarse mediante una ordenanza y no a través de una resolución del Concejo. La decisión frenó la votación prevista para el 8 de noviembre, pero no anuló las firmas ni resolvió definitivamente la validez del procedimiento de revocatoria.
Lejos de retroceder, los concejales opositores volvieron a la carga. El sábado 7 de noviembre realizaron una sesión extraordinaria e insistieron con la ordenanza que Román había vetado. La decisión necesitó reunir los dos tercios del cuerpo y consiguió los seis votos necesarios. La insistencia contenía dos artículos centrales: el primero ratificaba la convocatoria al referéndum para el 8 de noviembre y el segundo disponía poner en funciones a la Junta Electoral Municipal.
Sin embargo, detrás de esa victoria legislativa apareció un problema que puede terminar complicando todavía más el escenario. La Carta Orgánica establece, en su artículo 102, que una vez transcurridos los 30 días de habilitación de los libros de firmas y alcanzado el 20% del padrón, el referéndum debe convocarse y realizarse dentro de los 30 días subsiguientes. Según el cómputo de los plazos que se maneja en el conflicto, ese período venció ayer, lunes 9 de noviembre.
La otra carta de Román
Y ahí aparece la nueva carta que podría jugar Román. La ordenanza que ratificó el Concejo no entra en vigencia inmediatamente. La Carta Orgánica establece que las ordenanzas comienzan a regir después del quinto día hábil. En este caso, el lunes 9 fue feriado y hoy hay asueto municipal por el Día del Empleado Municipal. Por eso, la comunicación de la insistencia recién se produciría recién mañana, el miércoles 11, cuando el plazo de 30 días del artículo 102 ya habría expirado.
La diferencia no es menor. El intendente podría sostener que los concejales dejaron pasar el tiempo y que ya no existe margen legal para convocar al referéndum. De esa manera, intentaría convertir el vencimiento del plazo en un argumento para bloquear una nueva fecha y responsabilizaría a la oposición por haber llevado adelante un procedimiento que, desde su interpretación, incumplió los tiempos establecidos por la propia Carta Orgánica.
Del otro lado, los concejales opositores seguramente intentarán que la Junta Electoral Municipal tome intervención y establezca una nueva fecha para la consulta popular. La estrategia apunta a sostener que las firmas fueron reunidas, que se cumplió el requisito ciudadano y que el proceso no puede quedar sin efecto por las idas y vueltas institucionales que impidieron realizar la votación.
Pero esa salida también puede abrir otra batalla judicial. Si la Junta Electoral fija una nueva fecha, Román tendría la posibilidad de recurrir nuevamente a la Justicia y cuestionar que se pretenda realizar un referéndum cuando, según su interpretación, el plazo previsto en el artículo 102 ya venció. La discusión volvería entonces a los tribunales, esta vez con un interrogante todavía más delicado: si el vencimiento de los 30 días impide definitivamente continuar con el procedimiento o si existen fundamentos para sostener una nueva convocatoria.
Mientras tanto, el antecedente judicial agrega otro elemento de incertidumbre. El juez Lafuente ya había rechazado el pedido de Silvina Cantero para intervenir como tercera interesada en el expediente y también su solicitud para que se estableciera una medida cautelar que evitara el archivo del procedimiento. El magistrado entendió que su incorporación no correspondía dentro de esa causa y que fijar una fecha para el referéndum excedía el objeto de la discusión judicial.
Así, Allen quedó frente a una paradoja política e institucional. La iniciativa ciudadana consiguió las firmas necesarias, la oposición reunió los votos para insistir con la ordenanza y Román no logró imponer su veto en el Concejo. Sin embargo, la consulta sigue sin fecha cierta y ahora el calendario amenaza con convertirse en el principal argumento para intentar frenarla.
