El intento de sacar a Marcelo Román de la Intendencia de Allen que terminó naufragando en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ahora tiene una nueva vía: finalmente se alcanzaron las 4.579 firmas necesarias para activar el mecanismo de revocatoria previsto en la Carta Orgánica Municipal y llevar la continuidad del intendente a un referéndum popular. La pelea que comenzó entre Román y el Concejo Deliberante, pasó por una suspensión anulada por la Justicia y dejó a la ciudad sumergida en un fuerte caos institucional, ahora desemboca en las urnas.
El número no es menor. Las 4.579 adhesiones representan el 20% del padrón utilizado como referencia para este mecanismo y eran el último obstáculo que debía superar la iniciativa para avanzar hacia la consulta popular. La campaña oficial de recolección había comenzado el 10 de septiembre, después de que el Concejo Deliberante habilitara cinco libros y pusiera a disposición personal para registrar las firmas. El plazo establecido llegaba hasta este viernes 9 de octubre, pero la meta se alcanzó antes.
Ahora bien, llegar a esa cantidad de firmas no significa que Román haya sido destituido. Lo que se consiguió es algo políticamente mucho más incómodo para el intendente: la continuidad de su mandato deberá ser sometida al voto de los vecinos de Allen. El próximo capítulo será un referéndum obligatorio en el que se definirá si el jefe comunal continúa en el cargo o si su mandato queda interrumpido.
Pero para entender cómo Allen llegó hasta acá hay que retroceder en el tiempo, cuando la pelea institucional explotó dentro del propio municipio. El Concejo Deliberante había decidido suspender preventivamente a Román a partir de la imputación penal que pesaba sobre el intendente y había colocado provisoriamente al entonces presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa, al frente del Ejecutivo municipal. La decisión abrió una crisis de proporciones y terminó directamente en los tribunales.
El argumento de los concejales se apoyaba en el artículo 109 de la Carta Orgánica, que contempla la suspensión de una autoridad municipal cuando existe una imputación penal y el tribunal competente resuelve su procesamiento. El problema fue que el actual sistema procesal penal de Río Negro ya no utiliza la figura del procesamiento en los términos del viejo código, sino que contempla, entre otras instancias, la formulación de cargos. El STJ entendió que no se podían equiparar ambas situaciones para justificar el desplazamiento del intendente.
Y ahí llegó el golpe para el Concejo. El 27 de agosto, el máximo tribunal rionegrino hizo lugar al planteo de Román, anuló las ordenanzas mediante las cuales había sido suspendido y consideró que el cuerpo legislativo había excedido sus atribuciones. También dejó sin efecto los actos administrativos que habían surgido como consecuencia de aquella decisión. En otras palabras, la Justicia le cerró al Deliberante el camino que había elegido para apartar al intendente.
Román volvió entonces a ocupar el despacho municipal, pero su regreso no significó el final de la crisis. Apenas recuperó el cargo, la disputa cambió de escenario. El intendente cuestionó el avance del proceso de revocatoria y puso bajo sospecha la validez de las firmas y del procedimiento impulsado por el Concejo. Incluso planteó reparos sobre las facultades del cuerpo legislativo y llevó sus cuestionamientos nuevamente al terreno judicial.
Mientras los expedientes seguían circulando por los tribunales, en las calles de Allen avanzaba otra historia. La primera etapa de la revocatoria había conseguido 2.345 firmas consideradas válidas por el Concejo, suficientes para superar el primer piso exigido y abrir la segunda instancia. Después comenzó la etapa institucional, con libros oficiales y un desafío mucho más grande: alcanzar las 4.579 adhesiones antes del vencimiento del plazo.
Ese objetivo finalmente se cumplió. Y el dato tiene un peso político enorme porque modifica completamente el escenario que había quedado después del fallo del STJ. La Justicia le devolvió a Román la Intendencia porque entendió que el Concejo no tenía atribuciones para suspenderlo de la manera en que lo hizo. Ahora no serán los concejales quienes decidirán su salida: serán los vecinos, mediante el mecanismo de revocatoria que la propia Carta Orgánica contempla.
Por eso, la pelea de Allen entra en una etapa todavía más caliente. El intento de desplazamiento desde el Concejo fracasó en los tribunales, pero la ofensiva política contra Román no desapareció. Cambió de carril. Lo que antes se discutía entre concejales, abogados, funcionarios y jueces ahora deberá resolverse frente a las urnas.
