La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para discutir un proyecto que propone establecer normas claras sobre la comercialización, publicidad y uso de vapeadores y bolsas de nicotina, en respuesta al creciente consumo de estos productos entre adolescentes.
La iniciativa, presentada por la diputada Manuela Thourte del radicalismo, busca incluir los denominados "productos emergentes de tabaco y nicotina" dentro de una política de salud pública enfocada en prevenir su consumo en niños, niñas y adolescentes.
Durante el debate en comisión, la médica y legisladora Claudia Negri, de Fuerza por Buenos Aires, impulsó incorporaciones destinadas a fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la respuesta sanitaria ante el uso de estos dispositivos.
Vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina en auge entre los jóvenes
El proyecto parte de la base de que, aunque los vapeadores y productos similares se promocionan como alternativas menos dañinas que los cigarrillos tradicionales, contienen sustancias que pueden perjudicar la salud. Por ello, los declara expresamente como dañinos y plantea restricciones para disminuir su consumo, especialmente entre los menores de 18 años.
Entre las medidas contempladas, se prohibirá la venta, entrega o suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina a menores de edad. También se establecerá la prohibición de su uso en todos los espacios cerrados de acceso público, incluyendo medios de transporte, escuelas, hospitales, museos y espacios deportivos.
La normativa impone restricciones a la publicidad, prohibiendo anuncios, promociones, ofertas gratuitas y patrocinio, salvo dentro de los locales habilitados para su venta, donde deberán exhibirse advertencias sanitarias visibles.
Según datos del séptimo estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes secundarios, elaborado por Sedronar, el 35,5% de los adolescentes consumió vapeadores durante el último año. Además, persisten creencias erróneas entre los jóvenes sobre la inocuidad de estos productos.
“Permitir la expansión de nuevos dispositivos de administración de nicotina sin una regulación adecuada no solo compromete la salud de las generaciones presentes y futuras, sino que también proyecta un incremento sostenido de los costos sanitarios y fiscales que el Estado deberá afrontar”, afirmó Manuela Thourte.
El proyecto prevé también acciones de concientización en escuelas sobre los efectos de la nicotina en el cerebro adolescente, con especial atención a su impacto en el aprendizaje, la atención y el control de impulsos. Además, obliga a informar a mujeres gestantes sobre los riesgos que el consumo de estos productos implica durante el embarazo, como parto prematuro y alteraciones en el desarrollo fetal.
En materia ambiental, se contemplan protocolos para la gestión y disposición final de residuos generados por estos dispositivos, incluyendo baterías de litio y componentes electrónicos, con sistemas de recolección diferenciada en los Puntos Verdes de la Ciudad.
Para reforzar la respuesta sanitaria, el proyecto incorpora la actualización de programas de cesación tabáquica en hospitales y centros de salud, con protocolos específicos para usuarios de vapeadores y productos de nicotina emergentes. También propone la creación de un registro local de casos de Evali, la lesión pulmonar asociada al vapeo, para mejorar la vigilancia epidemiológica.
Esta discusión local se da poco más de un mes después de que el Gobierno nacional actualizara su regulación a través de la Resolución 549/2026, que incorporó estos productos al marco regulatorio de la Ley Nacional de Tabaco, estableciendo controles, advertencias y limitaciones para proteger a los jóvenes.
Desde la industria señalaron que la iniciativa porteña está alineada con la normativa nacional y representa un avance hacia un marco regulatorio integral, en contraste con el esquema prohibicionista previo que fomentó el comercio ilegal y la pérdida de recaudación.
El proyecto contempla sanciones para quienes violen las disposiciones, con multas que van desde 500 hasta 5.000 unidades fijas, equivalentes actualmente a entre $474.995 y $4.749.950, que pueden duplicarse en casos de reincidencia. También se prevén decomisos, clausuras temporarias e inhabilitaciones para los comercios infractores, y multas por publicidad ilegal que pueden superar los $65.000.000.
