El dolor vuelve a instalarse con una fuerza difícil de describir. Cuando una tragedia involucra a un niño, las palabras parecen siempre insuficientes. Y, sin embargo, es necesario intentar comprender, reflexionar y, sobre todo, preguntarse si lo ocurrido pudo haberse evitado. No desde la ira ni desde la acusación ligera, sino desde una profunda tristeza que interpela a toda la sociedad.
Después del escalofriante asesinato de Lucio Dupuy, perpetrado por su propia madre y la pareja de esta, se esperaba que comenzara a imperar plenamente la razón. Aquella historia dejó al descubierto fallas dolorosas, decisiones que hoy resultan incomprensibles y señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo. La esperanza colectiva era que ese horror marcara un antes y un después.
Sin embargo, un nuevo drama mostró que no todos tomaron nota de aquella aberración. La historia, con matices propios, pero con una esencia inquietantemente similar, volvió a repetirse. Y con ella, la sensación de que algunas lecciones fundamentales no lograron consolidarse en el ámbito donde más se necesitan: el de quienes deben proteger a los más vulnerables.
Hoy la Argentina toda llora el asesinato de Ángel en Comodoro Rivadavia. “La madre y su pareja son los principales sospechosos”. Así, Cristian Olazábal, uno de los fiscales del Ministerio Público de esa ciudad, resumía la investigación por la muerte del niño de cuatro años. El pequeño ingresó al Hospital Regional sin signos vitales tras una descompensación mientras estaba al cuidado de su madre, y la autopsia preliminar determinó que presentaba lesiones internas en la cabeza. Las últimas personas que estuvieron con él fueron su madre, Mariela Altamirano, y su pareja.
Los datos estremecen aún más cuando se conoce el contexto. A la madre de Ángel ya le habían quitado la tenencia de otro hijo por maltrato, y sin embargo se dispuso que el niño volviera con ella. Además, registraba denuncias por violencia en otras provincias. Son elementos que, analizados en retrospectiva, configuran un cuadro que exigía máxima prudencia y una mirada centrada exclusivamente en el bienestar del niño.
En ambos casos, tanto en el de Lucio como en el de Ángel, aparece un punto en común que duele señalar: hubo magistrados que tomaron decisiones que terminaron colocando a los niños en entornos que no eran seguros, aun cuando llevaban una vida estable junto a sus familias paternas. Es aquí donde la reflexión debe ser serena pero firme: ninguna doctrina de época, ninguna mirada ideológica, puede nublar la evaluación concreta de cada situación cuando hay vidas en juego.
Las corrientes de pensamiento, en cualquier ámbito, pueden aportar herramientas valiosas, pero nunca deben imponerse por sobre la evidencia ni sobre el principio rector que debería guiar toda decisión judicial en estos casos: el interés superior del niño. Los derechos de los niños no admiten relativizaciones ni interpretaciones parciales; son absolutos en su protección y exigen un compromiso inquebrantable.
Las palabras de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, resuenan con una tristeza que atraviesa el tiempo: “A mi nieto lo mataron igual”. No hay en ellas ánimo de confrontación, sino el eco de una herida abierta. “Esto atraviesa todo, es algo ilógico, totalmente evitable”, dijo, poniendo en voz alta lo que muchos sienten. Quizá allí esté la clave: asumir que estas tragedias no son inevitables, que pueden prevenirse, y que cada decisión debe estar guiada por la responsabilidad de no fallarle, nunca más, a un niño.
