El insólito episodio ocurrió el 19 de agosto en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery, cuando una conservadora abandonada generó preocupación entre trabajadores y pasajeros. El recipiente contenía una víscera animal refrigerada y llevaba una inscripción que hacía referencia a Migraciones y un supuesto secuestro, por lo que las autoridades debieron activar un operativo de seguridad.
La caja había sido dejada durante la mañana sobre un cantero ubicado en el sector de Arribos Nacionales. Por sus características -una conservadora utilizada para transportar elementos que requieren cadena de frío- y por el mensaje escrito en la tapa, quienes la encontraron sospecharon que podía tratarse de un elemento peligroso.
Intervinieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bomberos, personal médico y especialistas. La zona fue acordonada mientras se verificaba el contenido del recipiente. Finalmente, los peritos determinaron que la víscera no era humana: se trataba de un riñón de origen animal.
La investigación avanzó mediante el análisis de las cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron identificar al hombre que había llegado hasta el lugar con la conservadora y luego se había retirado.
El sospechoso fue identificado como Pablo Daniel Fagni, un comerciante de 46 años. Según declaró ante la Justicia, había comprado el riñón en un supermercado y lo había colocado sobre hielo dentro de la conservadora como parte de una broma dirigida a una amiga abogada.
Fagni explicó que había elegido la víscera por su aspecto y que decidió dejar la conservadora en Aeroparque para darle mayor credibilidad a la escena. También reconoció haber filmado el momento en que dejó el recipiente y manifestó posteriormente su arrepentimiento por las consecuencias que provocó.
Imputación y embargo millonario
El juez Marcelo Martínez De Giorgi dispuso que continuara en libertad, aunque quedó imputado por intimidación pública, mientras continúa la investigación. Además, ordenó un embargo de $8 millones para afrontar los gastos derivados del operativo.
La Justicia también analizó una posible acusación por amenazas contra la destinataria de la broma, pero dictó la falta de mérito en ese punto y ordenó esperar el resultado de las pericias sobre el teléfono del acusado para determinar el alcance de las comunicaciones y el móvil del episodio.
Lo que comenzó como una broma privada terminó movilizando a las fuerzas de seguridad de un aeropuerto, generando un operativo durante varias horas y abriendo una causa judicial federal.
