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Explosión en Remedios de Escalada: el Colegio de Ingenieros cuestionó los controles sobre las obras de servicios públicos

El CIPBA advirtió sobre la fiscalización de las obras realizadas en la vía pública y cuestionó el procedimiento aplicado por MetroGAS. También aseguró que la contratista EXGADET había sido intimada mediante una carta documento en diciembre de 2025. La Justicia todavía investiga las causas y responsabilidades por la tragedia.

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Martes, 17 de noviembre de 2026 a las 13:35
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El Colegio de Ingenieros bonaerense reclamó mayores controles sobre las obras de servicios públicos tras la explosión fatal de Remedios de Escalada.

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) cuestionó los controles sobre las obras de infraestructura realizadas en la vía pública tras la explosión de Remedios de Escalada, que dejó una persona muerta, heridos de gravedad y decenas de vecinos afectados.

La entidad puso especialmente el foco sobre los mecanismos utilizados para acreditar la responsabilidad técnica de los trabajos y cuestionó el procedimiento de MetroGAS. También reveló que la empresa contratista EXGADET había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025.

El pronunciamiento no determina que esas situaciones hayan provocado la explosión. El propio Colegio aclaró que corresponde a la Justicia establecer las causas y eventuales responsabilidades por el siniestro y puso sus recursos técnicos a disposición de las autoridades para colaborar con los peritajes.

El CIPBA sostuvo que la tragedia volvió a exponer un problema sobre el cual asegura haber realizado advertencias anteriormente: la falta de controles efectivos sobre las obras de infraestructura que se ejecutan en la vía pública.

 

Qué cuestionó el Colegio de Ingenieros

Uno de los principales señalamientos está relacionado con la intervención de profesionales habilitados en los trabajos. Según manifestó la entidad, en este caso no habría existido un ingeniero matriculado en la provincia de Buenos Aires que asumiera formalmente la responsabilidad técnica de la obra.

El Colegio también cuestionó el procedimiento de MetroGAS al sostener que la distribuidora habría solicitado únicamente el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato profesional visado por el CIPBA.

Dentro de ese planteo aparece EXGADET, empresa contratista vinculada con los trabajos y que, según informó el Colegio, había recibido una intimación formal de la institución el 3 de diciembre de 2025.

El comunicado no establece, sin embargo, que esa intimación estuviera relacionada con una falla que posteriormente hubiera provocado la explosión. Ese vínculo deberá ser determinado, en caso de corresponder, dentro de la investigación.

El CIPBA extendió además sus cuestionamientos al Tribunal de Cuentas bonaerense, al considerar que ese organismo debe verificar que los municipios exijan el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería en las obras y permisos que autorizan o contratan.

También reclamó por la falta de aprobación de la NAG-225, una normativa vinculada con un sistema integral de matriculación para instaladores de gas cuyo proyecto, según recordó la entidad, fue sometido a consulta pública en 2019.

 

“Quién controla las obras”

El Colegio sostuvo que cada intervención realizada sobre la vía pública, particularmente aquellas relacionadas con las redes de gas y energía eléctrica, requiere profesionales capacitados que asuman la responsabilidad técnica correspondiente.

Además, afirmó haber realizado advertencias por situaciones similares ante organismos reguladores y empresas prestadoras, entre ellas EDESUR y MetroGAS, y aseguró que no obtuvo respuestas acordes con sus planteos.

“La tragedia de Remedios de Escalada vuelve a poner en discusión una cuestión central: quién controla las obras que se realizan sobre las redes de servicios públicos y quién garantiza que detrás de cada intervención exista un profesional capacitado que asuma efectivamente la responsabilidad técnica”, expresó el CIPBA.

El pronunciamiento se conoció mientras continúan los trabajos en el lugar de la explosión. La Justicia ya autorizó una demolición controlada para permitir la continuidad de los peritajes y redujo a 50 metros el perímetro restringido, lo que permitirá avanzar gradualmente con la reconexión de servicios en las viviendas afectadas.

Mientras tanto, la investigación judicial deberá establecer qué originó la explosión y si existieron responsabilidades vinculadas con los trabajos realizados en el lugar.

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