Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una fecha destinada a visibilizar una problemática que afecta derechos fundamentales como la libertad, la integridad y la dignidad de las personas.
La elección de la fecha tiene un particular vínculo con la historia argentina. El 23 de septiembre de 1913, el Congreso sancionó la Ley 9.143, conocida como Ley Palacios, impulsada por el entonces diputado socialista Alfredo Palacios. La norma estableció penas para quienes promovieran o facilitaran la prostitución o corrupción de menores y es reconocida como una de las primeras legislaciones del mundo destinadas a perseguir la explotación sexual y proteger a personas menores de edad.
Una fecha que nació en homenaje a una ley argentina
Décadas después, en enero de 1999, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, realizada en Dhaka, Bangladesh, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, tomó el 23 de septiembre como fecha internacional para recordar la lucha contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. La elección se realizó en homenaje a aquella legislación argentina de 1913.
La Ley Palacios representó un cambio significativo para su época. Entre otras disposiciones, estableció responsabilidades penales para quienes facilitaran la explotación y contempló mecanismos para que las autoridades pudieran intervenir ante situaciones de este tipo. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) señala que aquella norma fue la primera en el mundo en penalizar la trata con fines de explotación sexual y establecer una protección específica para menores de edad.
La legislación argentina actual es diferente de aquella norma pionera. El marco central está dado por la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, modificada en 2012 por la Ley 26.842 e incorporada como legislación complementaria al Código Penal.
La normativa contempla la captación, el traslado, el transporte, la recepción o el acogimiento de personas con fines de explotación, incluso cuando estas acciones ocurren dentro del territorio argentino y no existe un cruce de fronteras.
La explotación puede adoptar distintas formas. Entre ellas se encuentran la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la esclavitud, los matrimonios forzados y determinadas formas de extracción ilícita de órganos, tejidos o fluidos.
Un aspecto central de la legislación es que el consentimiento de la víctima no elimina la responsabilidad penal de quienes participan en el delito cuando están presentes las condiciones previstas por la ley.
Una problemática que continúa vigente
La fecha no remite solamente a un episodio histórico. La trata de personas continúa siendo investigada y perseguida en la Argentina y en distintos países del mundo.
Según datos difundidos este miércoles por fuentes que trabajan sobre la problemática, entre enero y agosto de 2026 fueron rescatadas o asistidas en Argentina 506 personas en intervenciones vinculadas con delitos de trata: 475 adultos y 31 menores. En el mismo período se registraron 1.818 denuncias a través de la Línea 145 y se realizaron 849 intervenciones, entre allanamientos, asistencias, entrevistas y declaraciones testimoniales.
La problemática también presenta nuevas modalidades de captación. Investigaciones y especialistas vienen señalando el uso de redes sociales y herramientas digitales para establecer contacto con potenciales víctimas, especialmente mediante engaños, falsas ofertas laborales u otras estrategias que buscan aprovechar situaciones de vulnerabilidad.
En la Argentina existe la Línea 145, un servicio gratuito, anónimo y nacional que funciona las 24 horas durante todo el año para recibir denuncias o consultas relacionadas con posibles situaciones de trata y explotación. También permite comunicar la desaparición de una persona cuando pudiera existir una relación con este tipo de delito.
La fecha del 23 de septiembre tiene así una doble dimensión: recuerda una ley argentina que hace más de un siglo introdujo herramientas para perseguir la explotación sexual y, al mismo tiempo, mantiene visible una problemática que continúa requiriendo prevención, investigación, asistencia a las víctimas y cooperación entre organismos. El calendario internacional suma además otra fecha específica: el 30 de julio, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial contra la Trata de Personas en 2013.
