Una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual derivó en dos allanamientos simultáneos realizados en la ciudad de Neuquén, donde fueron identificadas ocho personas consideradas presuntas víctimas y se secuestraron bienes valuados en más de 53 millones de pesos.
Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina por orden del Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, en el marco de una causa impulsada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Neuquén, dirigida por la fiscal Ángela Pagano Mata.
En las diligencias también participaron integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas y personal del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD) de Neuquén, quienes brindaron contención y asistencia a las personas identificadas durante los operativos.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en dos inmuebles ubicados en la capital neuquina. En uno de ellos fueron identificadas ocho personas consideradas presuntas víctimas del delito que se investiga.
Durante la requisa en ese domicilio, los investigadores secuestraron un teléfono celular, una agenda, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, además de otros elementos que podrían resultar de interés para el avance de la causa.
En el segundo inmueble allanado, el personal de Prefectura incautó cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo en distintas monedas, una camioneta y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal para su análisis.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el valor total de los bienes secuestrados supera los 53 millones de pesos.
Como resultado de los procedimientos, dos personas quedaron supeditadas a la causa en calidad de investigadas por presuntos delitos vinculados a la trata de personas y la explotación sexual.
La investigación continúa bajo estricta reserva judicial mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundizan distintas líneas de investigación para determinar el alcance de las actividades denunciadas y la posible participación de otras personas.
La trata de personas con fines de explotación sexual constituye uno de los delitos más graves contemplados en la legislación argentina, ya que vulnera derechos fundamentales y afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Por ese motivo, las causas de esta naturaleza suelen requerir complejas tareas investigativas y la intervención coordinada de organismos judiciales, fuerzas de seguridad y equipos especializados en asistencia a víctimas.
