Es septiembre de 2006. Faltan tres días para que comience la primavera. Gobierna el país Néstor Kirchner. Y es el último día que alguien vio, con vida, a Julio López, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata.
López había identificado de forma directa al excomisario de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, como el hombre que dirigía y ejecutaba personalmente las sesiones de picana, y de otras torturas, en el centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Arana.
Aquel día, debía encontrarse con su sobrino, Hugo Savegnago, quien había acordado pasarlo a buscar por su casa, en el barrio Los Hornos, y llevarlo al tribunal de La Plata, para presenciar los alegatos finales del bloque de la querella, en el juicio contra Etchecolatz.
Pero, dicen, López no esperó al sobrino. Salió caminando de su casa. Iba vestido con una una campera marrón, porque estaba un poco fresco. Lo vieron pasar por el barrio.
Un vecino, Abel Horacio Ponce, lo vio parado, en la calle 66, entre una verdulería, y un local de la empresa de luz EDELAP.
Fue la última persona, del bando de los inocentes, que vio a Jorge Julio López.
La condena
Al día siguiente, el tristemente célebre comisario Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua. Una silla del sector destinado al público en el tribunal estuvo vacía. Porque López nunca llegó para ver y oír cómo condenaban a quien lo había torturado salvajemente, después del golpe de Estado de 1976.
Increíblemente, los primeros días de la ausencia de López testimoniaron cómo altos funcionarios de la seguridad nacional, y provincial, restaban importancia al hecho.
Se dijo entonces que el albañil peronista, que entonces tenía 76 años, podía estar "desorientado" o "tomando el té en lo de una tía".
Pero, las horas pasaron, los días pasaron, y entonces se barajaron hipótesis que apuntaron a bandas parapoliciales, u organizaciones de retirados de las fuerzas de seguridad de la Provincia, que, se especulaba, existían todavía entre las sombras de la democracia argentina.
La vergüenza
El Estado, después, reconoció formalmente su responsabilidad por la falta de resguardo, y los nulos resultados en la investigación.
Se han ofrecido millonarias recompensas, dinero importante, a lo largo de las décadas.
Pero lo que pasó con Jorge Julio López sigue siendo un misterio. Es, por ende, una de las grandes deudas de la justicia, en la historia democrática argentina.
Una deuda que cae, principalmente, sobre gobiernos que hicieron bandera y consigna a los derechos humanos, pero que fueron incapaces de impedir que un ciudadano, que había tenido la valentía de hablar y acusar, pasara a engrosar la macabra lista de los desaparecidos argentinos.
Hace ya 20 años, en una “nueva” democracia que cumplirá 43, sin poder todavía, abandonar del todo la vergüenza.
