El fútbol argentino amaneció sacudido por un operativo judicial que golpea de lleno al corazón de la dirigencia. Este viernes, la sede de la Asociación del Fútbol Argentino en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza fueron allanados en el marco de la causa que investiga la polémica mansión en Pilar y el presunto manejo irregular de fondos.
La medida fue ordenada por el juez federal Adrián González Charvay y ejecutada por la Prefectura Naval, que irrumpió en ambas sedes con un objetivo claro: secuestrar documentación sensible que permita reconstruir el circuito del dinero. En el centro de la escena aparece el empresario Javier Faroni y su empresa TourProdEnter, señalada por su rol en la administración de fondos en el exterior.
Según la investigación, el foco está puesto en los contratos firmados entre la AFA y la compañía de Faroni, así como en la trazabilidad bancaria de esos movimientos. La Justicia busca determinar si existieron irregularidades, desvíos o maniobras de lavado vinculadas a millones de dólares que habrían salido del circuito formal.
El expediente también pone bajo la lupa al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad en Pilar que detonó la causa. A partir de allí, la investigación escaló y comenzó a desentrañar una red de operaciones financieras que ahora comprometen a la cúpula dirigencial.
En paralelo, los investigadores ya cuentan con contratos, balances y documentación aportada por organismos oficiales, pero buscan reforzar el expediente con pruebas clave recolectadas en los allanamientos de este viernes. La sospecha: movimientos de dinero hacia el exterior a través de estructuras poco claras y posibles empresas fantasma.
Si bien no hubo detenciones ni secuestro de celulares, el avance judicial marca un punto de inflexión. La causa sigue abierta y con el foco puesto en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, el escándalo promete seguir escalando y dejando nuevas revelaciones en el mundo del fútbol argentino.
