La crisis económica e institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo y volvió a poner las finanzas del club en el centro de la escena. En los últimos días, la institución sufrió tres embargos judiciales que, en conjunto, superan los 650 mil dólares y están vinculados con obligaciones que el club arrastra de anteriores gestiones.
Las medidas fueron impulsadas por tres reclamos diferentes y tienen como protagonistas al mediocampista Gonzalo Maroni, al representante Alan Ignacio Poch, en representación de los hermanos Bruno y Mauro Pittón, y a Independiente de Villa del Rosario, el club cordobés que reclama por los derechos de formación correspondientes a Nicolás Reniero.
El reclamo de Maroni representa el golpe económico más importante. El futbolista llegó a San Lorenzo en 2022, durante la conducción de Horacio Arreceygor y después de la salida de Marcelo Tinelli, y ahora ejecutó un embargo por 261.250 dólares. A esa cifra se agregan otros 83.000 dólares correspondientes a honorarios profesionales generados durante el juicio y su posterior ejecución.
Dentro de este expediente también apareció una situación que permitió evitar un costo todavía mayor para la institución. Los abogados que representaron a San Lorenzo decidieron renunciar expresamente al cobro de sus honorarios, una determinación que evitó sumar nuevas obligaciones a las ya delicadas cuentas del club.
Otro de los frentes judiciales tiene como protagonista a Alan Ignacio Poch, representante de los hermanos Bruno y Mauro Pittón, quienes llegaron a San Lorenzo en 2019 durante la gestión de Matías Lammens y Marcelo Tinelli.
En este caso, el embargo presenta una particularidad porque recae directamente sobre fondos que recibe la institución a través del cobro de cuotas sociales, aranceles, abonos y localidades. Se trata de recursos que son administrados y procesados por la empresa encargada de esas operaciones desde 2024.
El reclamo contempla un capital de 175.000 dólares, además de otros 52.500 dólares calculados en concepto de intereses y costas procesales. De esta manera, la medida no solamente representa una nueva obligación para San Lorenzo, sino que también alcanza ingresos que forman parte de la recaudación habitual del club.
El tercer embargo tiene como protagonista a Independiente de Villa del Rosario, institución cordobesa en la que se formó Nicolás Reniero. El delantero fue transferido por San Lorenzo a Racing en agosto de 2019 y, a partir de aquella operación, quedaron pendientes obligaciones vinculadas con los derechos de formación.
Ante la falta de cumplimiento, el club cordobés avanzó por la vía judicial y consiguió trabar un embargo sobre recursos económicos de San Lorenzo. La medida contempla 68.678.400 pesos, equivalentes al 70 por ciento del monto reclamado, además de una suma adicional destinada a intereses y costas. El valor consolidado informado ronda los 113.145 dólares.
Los tres expedientes vuelven a exponer la dimensión del problema financiero que atraviesa San Lorenzo. Mientras la actual dirigencia busca ordenar las cuentas y avanzar con una reestructuración de los pasivos, las obligaciones acumuladas durante gestiones anteriores continúan apareciendo y transformándose en nuevos reclamos y ejecuciones judiciales.
El desafío para el Ciclón no se limita a afrontar cada uno de estos embargos. La institución también deberá reducir las contingencias legales que siguen afectando sus ingresos y encontrar un esquema de pagos que le permita recuperar previsibilidad financiera.
En Boedo, las deudas del pasado siguen golpeando en el presente. Esta vez, lo hacen a través de tres expedientes judiciales que, en conjunto, representan más de 650 mil dólares.
