La causa por la millonaria estafa con los planes sociales en Neuquén acaba de sumar un capítulo que seguramente dará mucho que hablar. Y esta vez el foco no debería quedar puesto solamente sobre los doce condenados, sobre los funcionarios involucrados o sobre el dinero que fue desviado. Esta vez también hay que poner el ojo sobre la Justicia.
El Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, resolvió por unanimidad revocar la absolución por asociación ilícita que había dispuesto el tribunal de juicio. Al mismo tiempo, confirmó la responsabilidad de los doce condenados por administración fraudulenta agravada. La causa deberá regresar ahora a un nuevo Tribunal Colegiado, que tendrá la responsabilidad de realizar otra audiencia de cesura y determinar las penas contemplando los dos delitos.
Hasta aquí, podríamos decir que estamos frente al funcionamiento de las instituciones. Hay un tribunal que dicta una sentencia, existen partes que no están de acuerdo, presentan una impugnación y un tribunal superior revisa aquella decisión. Es el sistema. Pero sería demasiado cómodo terminar el análisis ahí. Porque detrás de este nuevo fallo aparece una situación que merece ser observada con atención: tres jueces dijeron una cosa y otros tres jueces dijeron algo sustancialmente diferente.
Tres jueces dijeron una cosa, otros tres dijeron otra
El fallo original fue dictado el 23 de septiembre de 2025 por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla. Aquel tribunal encontró responsables a los acusados por el desvío de fondos destinados a subsidios por desocupación laboral, pero descartó la asociación ilícita aplicando el beneficio de la duda. Ahora el Tribunal de Impugnación revoca aquella absolución. Y entonces aparece una pregunta sencilla, pero inevitable: ¿Qué pasó entre una sentencia y
la otra? ¿Qué interpretación realizaron los primeros jueces para entender que no estaban reunidos los elementos necesarios para condenar por asociación ilícita? ¿Y qué encontró el Tribunal de Impugnación para considerar que aquella conclusión debía ser revocada?
No se trata de transformar una diferencia jurídica en un escándalo. Tampoco de acusar a jueces sin pruebas. Sería irresponsable hacerlo pero también sería irresponsable pedirle a la sociedad que simplemente mire hacia otro lado porque estamos hablando de una de las causas de corrupción más importantes que ha tenido Neuquén en los últimos años. Y no solamente por la cantidad de dinero involucrada. Estamos hablando de fondos destinados a personas desocupadas. Dinero público que tenía una finalidad social concreta. Recursos que debían llegar a ciudadanos que necesitaban la asistencia del Estado y que terminaron siendo parte de una maniobra por la cual ya existen doce personas condenadas.
Por eso cada decisión judicial alrededor de esta causa tiene un peso enorme. Y cuando aparecen diferencias tan marcadas entre tribunales, la Justicia tiene la obligación de ser particularmente clara. Los ciudadanos no tienen por qué ser especialistas en Derecho Penal. No tienen por qué conocer jurisprudencia, doctruna, ni tecnicismos procesales. Pero sí tienen derecho a entender por qué se toman determinadas decisiones.
La Justicia también tiene que explicarse
La Justicia no puede hablar únicamente para abogados. Tiene que hablar también para la sociedad porque las sentencias no solamente resuelven expedientes: construyen o destruyen confianza. Y aquí está quizás uno de los puntos centrales de este caso. Durante años hemos escuchado hablar de la independencia de la Justicia y esa independencia debe defenderse siempre. Los jueces tienen que resolver sin presiones políticas, mediáticas, económicas ni sociales. Pero independencia no significa impunidad frente al cuestionamiento público. Un juez independiente también debe fundamentar. Un tribunal independiente también debe explicar y una sentencia independiente también puede ser criticada. Eso no debilita a la Justicia, la fortalece. Lo preocupante sería exactamente lo contrario: que nadie pudiera preguntar nada.
La decisión del Tribunal de Impugnación deja ahora expuestas diferencias importantes entre los argumentos de ambos tribunales y esas diferencias deben analizarse. No para organizar una cacería contra magistrados sino para comprender cómo funciona nuestro sistema judicial cuando tiene delante una causa de semejante magnitud. Porque la Justicia también debe aceptar algo: su autoridad no proviene solamente del cargo de quienes dictan sentencia. También proviene de la credibilidad de sus decisiones y la credibilidad se gana. Se gana con independencia, con fundamentos, con coherencia, demostrando que frente a personas poderosas y frente a ciudadanos comunes existe exactamente la misma vara.
La causa de los planes sociales además contiene un elemento especialmente sensible. Aquí no se investigó simplemente una irregularidad administrativa, se investigó qué ocurrió con dinero que estaba destinado a quienes menos tenían. Por eso el daño excede ampliamente una cifra económica. Cada peso desviado era un peso que tenía otro destino. Detrás de cada subsidio había una necesidad y cuando se roba dinero destinado a una política social, no solamente se perjudica al Estado, se perjudica directamente a quienes dependían de esa asistencia. Por eso esta causa necesita llegar hasta el final sin atajos, sin especulaciones y sin protección para nadie.
Pero también sin condenas mediáticas ni decisiones tomadas para satisfacer el humor de la calle. Justicia no significa condenar a cualquier precio. Justicia significa aplicar la ley con independencia, pruebas y fundamentos. Ahora vendrá una nueva etapa. Un nuevo Tribunal Colegiado deberá realizar la audiencia de cesura y establecer las penas correspondientes considerando tanto la administración fraudulenta agravada como la asociación ilícita y nuevamente habrá jueces frente a una enorme responsabilidad. Por eso habrá que mirar atentamente no solamente cuántos años reciben los condenados, habrá que mirar los argumentos, habrá que mirar los fundamentos, habrá que mirar si las decisiones son coherentes con la gravedad de los hechos acreditados y habrá que observar también algo que muchas veces queda olvidado cuando termina un juicio: las responsabilidades políticas y administrativas que rodearon el funcionamiento de semejante estructura.
Cuando el dinero público tenía un destino social
Porque sería demasiado fácil creer que todo termina colocando doce nombres dentro de un expediente. El Estado también debe preguntarse cómo pudo ocurrir, qué controles fallaron, quién debía controlar, durante cuánto tiempo funcionó, quién tenía la responsabilidad de detectar las irregularidades y por qué no fueron detectadas antes. Esas preguntas no necesariamente tienen respuestas penales, algunas podrán tener respuestas políticas, administrativas o institucionales, pero deben tener respuestas. Porque de nada serviría condenar a los responsables y después dejar intacto el mecanismo que permitió que todo ocurriera y exactamente lo mismo vale para la Justicia.
La revisión de una sentencia demuestra que el sistema posee herramientas para corregir decisiones, eso es positivo pero cuando un tribunal superior revoca una absolución sobre un delito tan importante, la sociedad también merece conocer claramente por qué aquella primera decisión no podía sostenerse. No para alimentar sospechas para recuperar confianza. Porque una sociedad que deja de confiar en sus jueces tiene un problema mucho más profundo que cualquier expediente. Hoy los doce acusados deberán enfrentar una nueva instancia para determinar sus penas pero la Justicia neuquina también enfrenta algo. El examen de la sociedad. Y ese examen no se aprueba con discursos ni con silencios corporativos, se aprueba con sentencias sólidas, transparentes y comprensibles.
Los jueces tienen una enorme cuota de poder, pueden condenar, absolver y decidir sobre la libertad de las personas. Por eso mismo cuanto mayor es el poder, mayor debe ser la responsabilidad. La causa de los planes sociales todavía no terminó. Y quizás este último fallo haya abierto una discusión incluso más grande que la que pretendía cerrar. Porque ahora no solamente queremos saber qué hicieron los condenados también queremos entender qué hicieron los tribunales. Preguntar no es presionar a la Justicia, criticar un fallo no es atacar a la Justicia, exigir fundamentos no es debilitar a la Justicia. Todo lo contrario. Es exigirle que cumpla con la enorme responsabilidad que la democracia depositó en sus manos. Porque cuando hay millones de pesos públicos, funcionarios, personas vulnerables y decisiones judiciales contradictorias en juego, mirar hacia otro lado ya no es una opción. Esta vez, además de mirar a los acusados pongamos el ojo sobre la Justicia. Porque la Justicia tiene el derecho de juzgar pero la sociedad tiene todo el derecho del mundo a mirar cómo juzga.
