La Justicia volvió a cerrar una causa por estafas mediante acuerdos entre la fiscalía, los imputados y las víctimas. Las condenas alcanzan a integrantes de la familia Esteban, todos gitanos. Daniel Esteban recibió 3 años de prisión de ejecución condicional por 10 hechos de estafa, Facundo Gustavo Esteban 3 años de prisión condicional por 8 hechos de estafa y Gabriel Elías Esteban sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por 6 hechos de estafa.
Los condenados admitieron su responsabilidad, reconocieron haber participado en maniobras fraudulentas y aceptaron la condena. Sin embargo, no irán a prisión efectiva. Como parte del acuerdo los integrantes de la familia zíngara entregaron 33 millones de pesos y una camioneta utilizada en una de las maniobras. Aquí no está en discusión la legalidad del acuerdo. La ley permite, en determinados casos, este tipo de soluciones. La verdadera discusión es otra: ¿qué mensaje recibe la sociedad? Porque mientras miles de ciudadanos trabajan todos los días para ganarse el sustento con esfuerzo y honestidad, otros organizan maniobras de estafa, perjudican a varias víctimas y terminan resolviendo su situación con penas condicionales, reglas de conducta y reparaciones económicas.
La fiscalía sostiene que estos acuerdos permiten obtener condenas rápidas, evitar juicios largos y garantizar algún tipo de reparación para las víctimas. Es un argumento válido pero también es válido preguntarse si ese camino alcanza para desalentar a quienes hacen del engaño una forma de vida. Porque cuando las estafas se repiten, cuando aparecen nuevas víctimas y cuando los expedientes muestran un mismo mecanismo delictivo una y otra vez, la sociedad espera algo más que una condena escrita en un papel. Espera una señal clara de que delinquir tiene consecuencias. No se trata de pedir castigos ejemplares por impulso, se trata de proteger la confianza pública. Porque el patrimonio de una familia no es un número. Muchas veces son los ahorros de toda una vida.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los imputados desplegaron un esquema reiterado de estafas mediante la publicación de vehículos —principalmente camionetas— en redes sociales y plataformas de compraventa, utilizando identidades falsas o perfiles de terceros. Tras contactar a las víctimas, las convocaban a viajar a Neuquén para concretar la compra. En ese contexto, exhibían vehículos y documentación para generar confianza, recibían el dinero y luego alegaban supuestos inconvenientes administrativos vinculados a la AFIP o al Registro del Automotor para justificar la falta de transferencia. Con ese argumento postergaban la entrega de los vehículos hasta interrumpir completamente el contacto, dejando a las víctimas sin las unidades adquiridas. E l dinero para comprar un vehículo, el esfuerzo de años de trabajo y cuando ese esfuerzo desaparece por una estafa, el daño no se mide solamente en pesos, se mide en angustia, frustración y desconfianza.
Si el objetivo del sistema penal es prevenir nuevos delitos, ¿qué efecto producen estas decisiones? Porque la Justicia no sólo debe resolver expedientes también debe transmitir un mensaje. Y ese mensaje debería ser claro para todos que quien elige vivir del engaño sepa que tarde o temprano responderá por sus actos, y que las víctimas nunca sientan que el sistema fue más rápido para cerrar una causa que para reparar el daño que sufrieron.
Las condenas condicionales a integrantes de la familia Esteban y la revisión de la absolución por asociación ilícita en la causa de los planes sociales reavivan una misma pregunta: ¿alcanzan estas respuestas para reparar el daño, desalentar nuevos delitos y devolverle a la sociedad la confianza en las instituciones?
