El avance de la producción en Vaca Muerta está provocando una reconfiguración profunda del sistema gasífero argentino. En ese contexto, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avanzó con un nuevo esquema obligatorio que obliga a transportistas y distribuidoras a renegociar y adecuar contratos de capacidad firme, en un rediseño que busca acompañar el cambio estructural de la oferta energética.
La medida, formalizada a través de la Resolución 409/2026, establece que las distribuidoras deberán firmar o actualizar contratos de transporte firme antes del 1° de mayo, con vigencia mínima hasta abril de 2028. El objetivo es ordenar el sistema en un escenario donde la oferta de gas se desplaza progresivamente hacia la Cuenca Neuquina, mientras cae la relevancia del abastecimiento tradicional desde el norte.
En términos prácticos, el nuevo marco contractual marca el pasaje de un sistema históricamente dependiente del gas importado desde Bolivia a otro cada vez más sustentado en la producción no convencional de Vaca Muerta. Este cambio obliga a redefinir flujos, prioridades de despacho y estructuras de contratación en toda la cadena del gas natural.
Uno de los puntos centrales de la normativa es el endurecimiento de las condiciones de contratación de capacidad firme. Las licenciatarias deberán asegurar capacidad por al menos dos años, aunque podrán extender los plazos. Los contratos no alcanzados por la reasignación mantendrán sus condiciones, pero el esquema redefine la asignación general del sistema.
En paralelo, ENARGAS modificó parámetros clave para la operación de las distribuidoras. En el caso de empresas como Camuzzi Gas del Sur y Naturgy NOA, el factor de carga para usuarios residenciales se incrementará del 35% al 45%, lo que impacta directamente en la planificación de demanda y en la asignación de capacidad de transporte. El resto de las distribuidoras mantendrá los niveles actuales.
Otro cambio relevante es la incorporación de carácter firme —tanto en términos tarifarios como operativos— a los servicios de intercambio y desplazamiento (ED), una herramienta utilizada para sostener contratos preexistentes que quedaron desalineados tras la pérdida de rutas tradicionales de abastecimiento, especialmente en el norte del país.
A su vez, el organismo derogó la Resolución 705/2024, que regulaba el uso de capacidad ociosa por parte de las distribuidoras. Según el ente regulador, ese esquema perdió eficacia frente a la nueva configuración del sistema, que busca una asignación más directa y eficiente de los flujos de gas.
La normativa también ratifica la obligación de contratar transporte firme para la demanda ininterrumpible con plazos mínimos de diez años, aunque introduce mayor flexibilidad al permitir ajustes de volumen (“step down”), un reclamo recurrente de los actores privados del sector.
Durante la consulta pública previa, transportistas como Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) plantearon objeciones por los plazos de implementación y el posible impacto económico del nuevo esquema. Algunas distribuidoras también advirtieron sobre posibles tensiones en la ecuación de ingresos y costos.
Sin embargo, ENARGAS rechazó esos planteos y sostuvo que la reconfiguración responde a un cambio estructural del sistema energético, impulsado por el declino de la producción del noroeste y la caída del gas boliviano como fuente de abastecimiento. El organismo enmarcó la decisión dentro del régimen de emergencia energética vigente hasta 2027.
El regulador remarcó además que el esquema tarifario no garantiza rentabilidades fijas, sino “razonables”, y defendió que el nuevo diseño preserva la sustentabilidad económica del sistema en el largo plazo.
El trasfondo del cambio es claro: el crecimiento sostenido de Vaca Muerta está reordenando la arquitectura del gas natural en la Argentina. Con mayor producción en el sur y menor aporte del norte, el sistema necesita nuevos contratos, nuevas reglas operativas y una redefinición integral del mapa de transporte.
Los nuevos cuadros tarifarios, que acompañarán esta reconfiguración, serán definidos en conjunto con las actualizaciones previstas para mayo. En ese marco, el sector gasífero entra en una etapa de transición regulatoria que no solo modifica contratos, sino que redibuja el funcionamiento estructural del sistema energético argentino.
