El Gobierno nacional avanzó este lunes con una serie de cambios en áreas sensibles del Estado, que incluyeron la salida del titular del Registro Nacional de las Personas y modificaciones en otros organismos clave del organigrama oficial. Las decisiones fueron formalizadas a través de decretos publicados en el Boletín Oficial y forman parte de una reconfiguración interna de la gestión.
La novedad central es la renuncia de Pablo Luis Santos al frente del RENAPER, un organismo estratégico por su rol en la administración de la identidad de los ciudadanos. Su salida será efectiva a partir del 1° de febrero, y en su lugar asumirá Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien fue designado oficialmente como su reemplazante.
En paralelo, el Ejecutivo también aceptó la dimisión de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo antilavado quedará ahora bajo la conducción de Ernesto Gaspari, un funcionario que, según fuentes oficiales, mantiene cercanía con el secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra.
Pese a dejar la UIF, Starc no se desvinculará del sector público: pasará a ocupar un lugar en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada descartaron tensiones políticas y remarcaron que el cambio respondió a una decisión personal, subrayando que su continuidad en otro organismo confirma la ausencia de conflictos internos.
Los movimientos también alcanzaron a otras áreas clave. En la Secretaría de Transporte, el Gobierno aceptó la renuncia de Luis Pierrini y designó en su reemplazo a Fernando Herrmann, mientras que en el ENARGAS se oficializó la salida del interventor Carlos Alberto María Casares, quien será sucedido por Marcelo Alejandro Nachón. En el decreto de designación, el Ejecutivo destacó que el nuevo funcionario cuenta con los antecedentes necesarios para asumir la función.
Con estos cambios, el Gobierno busca reordenar puestos estratégicos en organismos vinculados al control, la gestión de servicios y la administración pública, en un contexto de ajustes y redefiniciones dentro del Estado nacional.
