El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el próximo 28 de noviembre su decisión sobre el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en aguas próximas a las Islas Malvinas. El presidente del organismo, Maurice Kamga, confirmó la fecha al finalizar las audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania, donde la delegación argentina presentó sus últimos argumentos contra la explotación hidrocarburífera impulsada por empresas extranjeras.
El Gobierno nacional solicitó la adopción de medidas provisionales para suspender el avance del proyecto hasta que se resuelva la controversia vinculada con la soberanía del archipiélago y los derechos sobre los recursos de la plataforma continental.
El planteo busca evitar que las perforaciones y la instalación de infraestructura petrolera consoliden una situación irreversible antes de que se resuelva la disputa internacional.
La presentación argentina cerró con una advertencia dirigida directamente a los jueces del Tribunal: "Es ahora o nunca". La frase sintetizó la urgencia que la delegación atribuye al caso, ante la posibilidad de que el desarrollo petrolero avance mientras continúa sin resolución el conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Los argumentos de Argentina para frenar la explotación
Uno de los principales expositores fue el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, quien cuestionó la posición británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos en áreas marítimas cuya jurisdicción permanece en disputa.
Kohen sostuvo que la controversia por la soberanía de Malvinas también alcanza los espacios marítimos circundantes y que el Reino Unido no puede disponer unilateralmente de los recursos de la plataforma continental. Durante su exposición, recordó que las Naciones Unidas instaron a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras continúa el proceso de descolonización.
El especialista también planteó que el Tribunal no necesita resolver previamente la cuestión de fondo sobre la soberanía para disponer medidas provisionales que protejan los derechos de las partes. Ese argumento es central para el pedido argentino: conseguir una suspensión inmediata sin esperar una definición definitiva del conflicto diplomático.
Por su parte, el profesor Nico Schrijver centró su exposición en el riesgo de daño irreparable. Señaló que el 10 de diciembre de 2025 marcó un cambio en la situación del proyecto, que pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con perforaciones, instalaciones submarinas permanentes y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.
Según el planteo argentino, una vez que comience la perforación de los pozos será mucho más difícil revertir las consecuencias de la actividad. "Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo", sostuvo Schrijver ante los magistrados.
Sea Lion y el desarrollo petrolero en Malvinas
El proyecto Sea Lion es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Su desarrollo contempla una explotación de largo plazo, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de perforación e infraestructura.
Para Argentina, el avance de estas operaciones representa tanto una controversia sobre la soberanía como una disputa por el aprovechamiento económico de los recursos naturales de la plataforma continental. El Gobierno sostiene que los recursos hidrocarburíferos no pueden ser explotados unilateralmente mientras permanezca abierta la cuestión de jurisdicción.
La delegación también incorporó argumentos ambientales. Advirtió que los planes de contingencia de las compañías contemplan la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En ese escenario, el país podría verse obligado a intervenir ante una emergencia ambiental originada por una actividad que no autorizó.
El fallo del 28 de noviembre permitirá conocer si el Tribunal acepta adoptar medidas provisionales para suspender el proyecto mientras continúa la controversia. La resolución será un paso importante en la estrategia argentina para impedir que la explotación petrolera avance sobre recursos marítimos cuya jurisdicción reclama.
La decisión no resolverá por sí misma la disputa de soberanía sobre Malvinas, pero podrá establecer medidas urgentes para preservar los derechos invocados por las partes mientras se desarrolla el proceso internacional.
