El Gobierno argentino enfrenta este lunes una fecha clave en la disputa con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Vence el plazo de dos semanas que la administración de Javier Milei fijó para que Londres adopte medidas destinadas a frenar las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, que prevé extraer hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La intimación fue anunciada el 28 de septiembre, cuando el Presidente instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina sostiene que la explotación de esos recursos sin su autorización afecta sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. Sin embargo, el Reino Unido rechazó el arbitraje el 30 de septiembre y defendió la legalidad de las actividades bajo su administración de las islas.
Ante la falta de una respuesta favorable, el Gobierno prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. La intención es solicitar medidas provisionales que permitan limitar o frenar el avance del emprendimiento mientras se desarrolla el procedimiento jurídico. La eventual intervención del tribunal dependerá de la evaluación de su competencia y de los argumentos que presente la Argentina.
El vencimiento del plazo, no obstante, no implica que Sea Lion quede suspendido automáticamente. Para intentar detener las operaciones, la Argentina deberá formalizar el pedido y fundamentar la necesidad de una medida urgente. Además, el tribunal no tiene competencia general para resolver la soberanía de las islas, por lo que el planteo deberá encuadrarse en las obligaciones contempladas por la Convención del Derecho del Mar.
El proyecto es impulsado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa a fines de 2025 y prevén iniciar la producción comercial durante 2028. Mientras tanto, la controversia se mantiene abierta y suma un nuevo capítulo diplomático y judicial en torno a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
