El Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional después de los planteos realizados por Estados Unidos sobre el posible impacto del régimen de sanciones para compañías extranjeras vinculadas con actividades en las Islas Malvinas.
Una de las principales modificaciones establece que las penalidades quedarán concentradas en quienes participen directamente de operaciones consideradas ilegales de exploración o explotación de recursos argentinos y ya no tendrán el alcance originalmente previsto sobre inversores indirectos.
Los cambios forman parte de las negociaciones que lleva adelante La Libertad Avanza para conseguir un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque el oficialismo todavía trabaja para reunir las firmas necesarias.
Qué cambia con las sanciones por Malvinas
El punto que generó mayor tensión internacional fue el régimen de sanciones previsto para empresas y actores extranjeros relacionados con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El proyecto original contemplaba un alcance más amplio sobre las compañías vinculadas con este tipo de operaciones. Entre los desarrollos que aparecen bajo análisis se encuentra Sea Lion, un proyecto hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.
La nueva redacción acota el universo alcanzado por las sanciones. Las penalidades podrán aplicarse a operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas directos que participen de los proyectos considerados ilegales por la Argentina. En cambio, quedarán excluidos los fondos de inversión indirectos que posean participaciones en las compañías involucradas pero que no intervengan directamente en esas operaciones.
El planteo de Estados Unidos
La modificación se produjo después de una reunión que Milei mantuvo en Casa Rosada con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.
Durante esas conversaciones, la administración de Donald Trump planteó las posibles consecuencias que la redacción original podía tener sobre empresas estadounidenses. En las gestiones también intervino el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Después de esos planteos, el Ejecutivo avanzó con una formulación más limitada del régimen sancionatorio.
El cambio no elimina las penalidades previstas por actividades vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, pero reduce quiénes pueden quedar alcanzados, concentrándolas en los actores con participación directa.
El Congreso tendrá control sobre el Consejo de Seguridad Nacional
El Gobierno también aceptó modificaciones reclamadas por bloques dialoguistas. Una de ellas es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, que tendrá la función de controlar las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional contemplado en la iniciativa.
Ese Consejo estará integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo y será presidido por el Presidente de la Nación. Entre sus atribuciones estará la coordinación de políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. También podrá evaluar inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas vinculadas con ellos en sectores considerados estratégicos, entre ellos energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, defensa y actividades espaciales.
Por su parte, la comisión del Congreso podrá auditar sus decisiones y procedimientos. Además, el Ejecutivo deberá comunicarle dentro de un plazo de 48 horas las medidas de seguridad que adopte el organismo. La incorporación de este mecanismo de control fue propuesta por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
También modificaron las penas por interferencia electoral
Otro de los artículos revisados es el que contempla penas de cinco a doce años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero con el objetivo de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva redacción establece expresamente que esas sanciones no alcanzarán al ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática ni la representación abierta de intereses. El artículo había recibido cuestionamientos tanto de sectores cercanos al oficialismo como de legisladores opositores.
El proyecto incorpora además al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad Nacional y precisa las competencias de la Prefectura Naval Argentina y del Comando Conjunto Marítimo.
El oficialismo busca las firmas para llevar el proyecto al recinto
Pese a las modificaciones, todavía existen diferencias sobre cómo debería avanzar la iniciativa. Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas impulsan dividir el proyecto. Proponen tratar por un lado las disposiciones específicamente relacionadas con Malvinas y la defensa de la soberanía y, por otro, las reformas vinculadas con inteligencia, seguridad interior, infraestructura crítica y delitos relacionados con la interferencia extranjera.
La Libertad Avanza pretende, en cambio, mantener el tratamiento conjunto del expediente. De esta manera, el resultado del plenario de comisiones será clave: si el oficialismo reúne las firmas podrá avanzar con el dictamen y acercar el proyecto al recinto de Diputados. De no conseguir los respaldos suficientes, deberá convocarse a una nueva reunión y el tratamiento legislativo quedará demorado.
