Una deuda de $3.752.720,94 puso a Cinthia Fernández en el centro de un reclamo que, según trascendió en televisión, ya habría motivado intimaciones. El monto corresponde a las expensas de su propiedad en un barrio cerrado de Escobar y fue expuesto en SQP, donde Yanina Latorre aseguró que la administración todavía espera una respuesta de la mediática.
El dato que abre interrogantes sobre cómo seguirá el conflicto es que, de acuerdo con la conductora, los pedidos de regularización no habrían tenido resultado. "La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron", sostuvo. Su declaración marcó una diferencia importante: hasta lo informado en el programa, este reclamo no había llegado a los tribunales.
Para respaldar la información, el ciclo exhibió una imagen de un registro en el que figuraba una unidad identificada con el apellido de la bailarina y el importe pendiente. La cifra difundida supera los tres millones y medio de pesos. Sin embargo, durante el informe no se precisó cuántos períodos comprendía ese saldo ni se presentó una explicación de la propietaria.
La situación atribuida a Cinthia Fernández también fue ubicada dentro de un problema más amplio del barrio. Según lo expuesto al aire, las obligaciones impagas de distintos propietarios superan en conjunto los 20 millones de pesos. Esa acumulación repercutiría en las cuentas necesarias para mantener los servicios comunes, entre ellos la seguridad, y aumentaría la carga sobre quienes pagan regularmente.
Entre los vecinos, el malestar habría crecido al ritmo de los saldos pendientes. "En el barrio están muy enojados", afirmó Latorre, quien agregó que "los vecinos piden por favor" que se regularicen las deudas. El pedido, según explicó, alcanza tanto a la mediática como a otros morosos del complejo: la preocupación compartida pasa por sostener el funcionamiento cotidiano del lugar.
Durante la misma emisión se recordó otro conflicto vecinal de Cinthia Fernández, independiente de las expensas. Se trata de la causa que, según repasaron, continúa abierta por el episodio en el que arrojó gas pimienta contra unos adolescentes, tras denunciar daños en el ingreso a su casa. Ese antecedente volvió a mencionarse mientras analizaban las dificultades de convivencia.
Por ahora, la eventual judicialización de la deuda permanece como una posibilidad, no como un paso confirmado. La información difundida ubica el reclamo en la instancia de intimaciones y deja pendiente conocer la respuesta de la propietaria. Si el desacuerdo persiste, el próximo punto a esclarecer será si la administración decide trasladar el cobro a la Justicia.
