En un giro significativo para la inmigración en Estados Unidos, se confirmó que contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense ya no garantiza la obtención automática de la Green Card, el permiso de residencia legal.
La nueva normativa establece que quienes deseen residir legalmente y trabajar en el país deben obtener el Formulario I-918, un documento que permite la estadía legal y el permiso laboral sin necesidad de visa en el pasaporte. Esta medida apunta a controlar con mayor rigor los procesos migratorios y evitar abusos en el sistema.
Además, el Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció un crédito fiscal de 2,200 dólares para las familias con hijos menores de 17 años que cumplan ciertos criterios específicos, en un intento por aliviar la carga económica de los hogares.
Controles internos mucho más intensos
En paralelo, el Gobierno estadounidense intensificó sus controles internos: se suspendieron las licencias de conducir a todos los conductores que no hayan aprobado el examen escrito, habiéndose enviado ya 11,000 cartas de advertencia en este sentido.
Por otro lado, se confirmó que los aeropuertos de Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersey prohibirán la entrada y salida de ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte, una medida que afecta a miles y pone en alerta a la comunidad migrante.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también reforzó los operativos para registrar a personas que deban dar sus huellas y evitar sanciones legales, mientras que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a actuar con tácticas encubiertas, disfrazándose para efectuar detenciones de inmigrantes en situación irregular.
Por último, el IRS anunció que visitará casa por casa a los ciudadanos y extranjeros que reciban la Carta 725-B, con el objetivo de asegurar la regularización fiscal y evitar embargos automáticos de cuentas bancarias y bienes a quienes incumplan las notificaciones.
Estos cambios representan una transformación profunda en las políticas migratorias y de control interno en Estados Unidos, generando preocupación tanto en el Gobierno como en la oposición ante las posibles repercusiones sociales y económicas.
