La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe al corazón de la agenda migratoria de Donald Trump al invalidar el decreto ejecutivo con el que el presidente buscaba eliminar la ciudadanía automática por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. El fallo, redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, con el apoyo de una mayoría que cruzó líneas ideológicas, ratifica que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país, en consonancia con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. "La ciudadanía, antes y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política.
Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa", escribió Roberts. Tres jueces conservadores —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— disintieron, con Thomas argumentando que la mayoría distorsiona la historia de la norma y que la enmienda fue diseñada originalmente para garantizar derechos a los negros liberados tras la Guerra Civil, no para proyectos políticos posteriores.
El decreto de Trump, piedra angular de su segunda campaña presidencial y de su promesa de acabar con el llamado "turismo de nacimiento", nunca llegó a entrar en vigor: todos los tribunales federales que lo examinaron lo bloquearon antes de que pudiera aplicarse. La orden buscaba negar la ciudadanía automática a los bebés nacidos de padres en situación irregular o con visa temporal, trastocando una interpretación constitucional que se mantiene vigente desde el siglo XIX. La decisión de la Corte cierra formalmente esa vía ejecutiva y representa el revés judicial más significativo que Trump ha sufrido en materia migratoria desde el inicio de su segundo mandato, en un terreno donde el presidente había acumulado victorias importantes en los primeros meses de gestión.
Trump no tardó en reaccionar y trazó de inmediato el camino alternativo: "La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual es lamentable para nuestro país, pero podemos remediarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación, con el apoyo del Presidente", escribió en Truth Social. La respuesta presidencial revela tanto la frustración ante el fallo como la estrategia que seguirá: mover la batalla del terreno ejecutivo al legislativo, donde los republicanos controlan ambas cámaras pero necesitarían una mayoría calificada para modificar la Constitución o una mayoría simple para una ley ordinaria cuya constitucionalidad quedaría inmediatamente impugnada. El fallo del martes no cierra el debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, sino que lo traslada a una arena donde los obstáculos son mayores y los tiempos, considerablemente más largos.