El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que el 1 de agosto comenzarán las primeras reuniones formales del proceso de transición democrática en Venezuela, en el marco del diálogo acordado entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 —la última reconocida como legítima por Washington— y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
"Un grupo que representa a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015, el grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el gobierno y acordaron establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela", explicó Rubio en una rueda de prensa antes de viajar a la cumbre de la ASEAN en Filipinas. El secretario de Estado, que ejerce la tutela sobre Caracas desde que la operación militar estadounidense del 3 de enero capturó a Nicolás Maduro y dejó a Rodríguez como presidenta interina, fue enfático sobre el compromiso de Washington: "En lo que vamos a participar muy activamente".
El proceso involucra a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea opositora de 2015-2020, que regresó a Caracas hace un mes tras ocho años de exilio con el respaldo de Washington. Figuera se reunió con Jorge Rodríguez —presidente del Parlamento y hermano de Delcy— y con el encargado de negocios estadounidense John Barret, en lo que el chavismo formalizó como una "mesa técnica y política paritaria" con "hitos y cronogramas concretos" para el fortalecimiento de la democracia. La estrategia diseñada por Rubio, con el aval de Trump y el visto bueno de Rodríguez, busca construir un camino de transición que incluya al chavismo moderado y a la oposición histórica, pero que en los hechos margina a María Corina Machado —exiliada y con una base popular significativa— de las negociaciones centrales, una exclusión que genera tensiones crecientes entre sus partidarios y el gobierno interino.
Las negociaciones se producen en el contexto del devastador terremoto del 24 de junio, que dejó más de 5.200 muertos y destruyó la infraestructura de La Guaira y partes de Caracas, poniendo en evidencia la necesidad de un gobierno con capacidad real de gestión para administrar los recursos de reconstrucción. Rubio confirmó que Estados Unidos ya desembolsó más de 180 millones de los 300 millones comprometidos en asistencia humanitaria y anunció que Washington trabaja para facilitar el acceso venezolano a mecanismos de financiamiento internacional para la reconstrucción, cuyo costo total aún está siendo evaluado. La catástrofe natural aceleró la lógica política: un país con decenas de miles de damnificados, infraestructura colapsada y una economía quebrada necesita urgentemente un gobierno que pueda acceder a crédito internacional, y eso requiere, en la visión de Washington, avanzar en la transición antes de que la crisis humanitaria se vuelva inmanejable.
