El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno nacional a iniciar un procedimiento formal de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La medida busca frenar el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion —encabezado por las firmas Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas Norte— y evitar el otorgamiento de nuevos permisos de explotación sobre la plataforma continental argentina. A través de un comunicado oficial y mensajes en redes sociales, el mandatario intimó al gobierno británico a detener las actividades en un plazo improrrogable de dos semanas; de lo contrario, solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Ejecutivo fundamentó el reclamo en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que reconocen la controversia de soberanía e instan a ambas naciones a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la región mientras continúe el proceso de negociación pacífica. Calificando las operaciones como un "saqueo ilegal" y un accionar que genera un perjuicio irreversible sobre los derechos soberanos argentinos, la Casa Rosada ratificó que ni la denominación de Territorio Británico de Ultramar ni el referéndum unilateral de 2013 alteran el estatus jurídico del diferendo.
En paralelo al frente diplomático por los recursos energéticos, la Presidencia ordenó el inicio urgente de actuaciones penales y administrativas contra la firma Thales UK Limited tras detectar vuelos no autorizados por la autoridad aeronáutica nacional en la ruta que conecta las islas con la ciudad chilena de Punta Arenas. Con este paquete de acciones legales y diplomáticas, la administración argentina busca endurecer su posición internacional frente a la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur.
