El Gobierno argentino rechazó las objeciones formuladas por el Reino Unido respecto del procedimiento de arbitraje internacional impulsado por la Casa Rosada para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el Palacio San Martín cuestionó la postura de Londres —que había caracterizado la acción legal como un intento de «socavar derechos»— y sostuvo que acudir a un tribunal imparcial en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) constituye "el acto más responsable que puede realizar un Estado" para la resolución pacífica de controversias.
La declaración oficial respondió directamente a los señalamientos de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió la continuidad del proyecto petrolero Sea Lion.
En su réplica, la diplomacia argentina recordó que ambas naciones son partes signatarias de la CONVEMAR y aceptaron voluntariamente sus mecanismos jurisdiccionales, por lo que el Reino Unido podrá defender su posición ante los árbitros independientes. Asimismo, el texto rechazó la invocación del principio de libre determinación para los habitantes del archipiélago, señalando que dicho criterio no resulta aplicable a la disputa de soberanía según las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
Por último, el Gobierno nacional ratificó que las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales modifican de forma indebida la situación en la zona en litigio, vulnerando la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas. Al tiempo que reafirmó la reserva de derechos sobre la plataforma continental, la Cancillería reiteró la disposición permanente de la República Argentina para reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la Cuestión Malvinas mediante el diálogo y el derecho internacional.
