El secretario de Estado Marco Rubio anunció que Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria presentada por Estados Unidos, aunque aclaró de inmediato que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones que Washington impone para su distribución. El principal escollo es el control militar sobre la economía cubana: Rubio advirtió que Washington no entregará ayuda que "caiga en las manos de su empresa militar y que luego se apodera del material y lo pone a la venta". El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió específicamente a Gaesa, la empresa controlada por el ejército cubano que domina sectores enteros de la economía de la isla, incluidos los hoteles, y que fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Hasta ahora, Estados Unidos logró distribuir millones de dólares en ayuda humanitaria en Cuba durante el año a través de la Iglesia católica, un canal que Washington considera libre del control militar.
El anuncio de Rubio llegó un día después de que Washington realizara una movida de alto voltaje simbólico: la imputación histórica del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, un episodio en el que murieron cuatro personas y que durante décadas generó tensiones diplomáticas entre ambos países. Pese a la dureza del cargo, Rubio fue explícito sobre la preferencia de Washington: "Nuestra preferencia para Cuba y en cualquier parte del mundo es un acuerdo diplomático negociado", señaló, en una frase que busca encuadrar la presión judicial y económica como herramientas de negociación antes que como un fin en sí mismo.
El cuadro que se dibuja en la relación entre Washington y La Habana es el de una diplomacia de máxima presión con ventanas abiertas al diálogo. Trump había declarado días atrás que Cuba "está pidiendo ayuda" y que habría conversaciones, al tiempo que descartó la necesidad de "una escalada". La combinación de ayuda humanitaria condicionada, imputación de Raúl Castro, sanciones a Gaesa y amenazas militares previas configura una estrategia de múltiples palancas que Washington aplica simultáneamente sobre La Habana, en un momento en que la isla atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas y el gobierno de Díaz-Canel busca oxígeno político y económico por cualquier vía disponible.
