Durante la reanudación de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores de Paraguay, el equipo jurídico representante de Santiago Peña sostuvo que el proceso de juicio político resulta nulo de nulidad absoluta y adelantó la reserva de acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales internacionales de derechos humanos. Los abogados defensores, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, argumentaron que, tras la presentación formal de la renuncia al cargo de jefe de Estado, el juzgamiento parlamentario pierde sustento constitucional, quedando cualquier eventual responsabilidad supeditada directamente al fuero de la justicia ordinaria.
En la exposición ante el pleno, la defensa cuestionó severamente la solidez del libelo acusatorio, calificándolo como un fracaso en los planos fáctico y normativo. El abogado Preda remarcó que el texto acusatorio no identifica las normas legales presuntamente infringidas por Peña ni aporta material probatorio que demuestre una injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Banco Central del Paraguay (BCP) o del Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, fundamentó que el proceso de conversión de la firma Ueno de financiera a entidad bancaria se inició dos años antes de que el mandatario dimitente asumiera la presidencia.
El desarrollo del alegato de la defensa se dio luego de que el Senado rechazara por mayoría la solicitud de prórroga de 72 horas presentada horas antes por el expresidente para articular su descargo. En paralelo a la contienda parlamentaria, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Peña y ordenó la conformación de un equipo especial de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar la colocación de fondos públicos y las tareas de supervisión en torno al colapsado Ueno Bank.
