En un paso decisivo para el futuro político de Venezuela, representantes del chavismo y de la oposición iniciaron en Caracas la primera ronda de negociación presencial orientada a trazar la hoja de ruta para la transición democrática. La mesa de diálogo está encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la titular del Parlamento elegido en 2015, Dinorah Figuera, designada por la administración estadounidense para liderar al equipo opositor. Tras arribar a suelo venezolano, Figuera confirmó que los contactos arrancarán priorizando la atención a las secuelas del devastador terremoto en La Guaira, asunto estrechamente ligado al control y administración de los fondos y activos en el exterior bajo potestad de la Asamblea Nacional de 2015, un punto clave de interés para la dirigencia chavista en esta etapa inicial.
El diseño del proceso fue estructurado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que apuesta por un plan por fases centrado en la estabilidad institucional y la recuperación económica antes de abordar la convocatoria de nuevos comicios. Bajo este esquema impulsado por Washington, la figura de María Corina Machado quedó temporalmente al margen de la mesa de negociación, una maniobra que generó tensiones e incertidumbre en el seno de la Plataforma Unitaria y llamados de referentes opositores a su inclusión. Sin embargo, la propia dirigente reconoció públicamente la posibilidad de avanzar en un cronograma que contemple elecciones regionales y parlamentarias previas a las presidenciales, en consonancia con la estrategia gradual que defiende la Casa Blanca para la reestructuración del Estado.
El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ratificó el respaldo diplomático al encuentro y advirtió que la reconstrucción democrática requerirá semanas y meses de trabajo constante para garantizar condiciones óptimas de competitividad y transparencia. Entre las reformas prioritarias trazadas en la agenda figuran la eventual renovación del Consejo Nacional Electoral y del Poder Judicial, el restablecimiento de la libertad de prensa y la rehabilitación de agrupaciones políticas inhabilitadas. Pese al escepticismo manifestado por diversos sectores frente al alcance de las conversaciones, el inicio de esta mesa representa el intento más concreto por encaminar una salida política institucionalizada tras los decisivos acontecimientos que reconfiguraron el escenario del país a comienzos de año.
