El secretario de Estado Marco Rubio llamó al presidente boliviano Rodrigo Paz para reafirmar el respaldo de Washington a la democracia boliviana y anunciar que Estados Unidos intensificará su asistencia de emergencia y apoyo logístico para atender a la población afectada por la escasez de alimentos y medicamentos generada por los bloqueos de rutas. "Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico en Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras, cuyo objetivo es desestabilizar la sociedad boliviana", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. En la misma jornada, el secretario de Guerra Pete Hegseth publicó en X que el Pentágono y la Coalición Contra el Cártel de las Américas rechazan "todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz" y advirtió que "Estados Unidos está observando" la situación, instando a Bolivia a no permitir que "caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región".
El respaldo de Washington se formalizó además en un comunicado conjunto firmado por 13 países integrantes del Escudo de América —la alianza de seguridad creada en marzo a iniciativa de Trump— que incluye a Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y otros. El documento denuncia que las protestas están siendo "financiadas con dinero sucio procedente del narcotráfico y el crimen transnacional" y exige que los responsables "rindan cuentas". "La ley de la turba no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas", sostiene el comunicado, que marca el segundo pronunciamiento conjunto de la alianza en dos semanas sobre la crisis boliviana y refleja la creciente internacionalización de un conflicto que lleva más de un mes sin resolución.
La intervención de Washington y sus aliados regionales eleva la apuesta política en una Bolivia que atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas, con protestas de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que reclaman por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles. La caracterización de las movilizaciones como financiadas por el narcotráfico —en sintonía con la narrativa que el canciller boliviano Aramayo ya había aplicado al llamarlas "terrorismo de Estado"— apunta directamente a deslegitimar al expresidente Evo Morales, declarado en rebeldía con orden de captura, como instigador del conflicto. Con el Pentágono vigilando, el Escudo de América movilizado y Argentina enviando aviones Hércules con alimentos, la crisis boliviana se ha convertido en un frente más del enfrentamiento geopolítico entre el bloque conservador liderado por Washington y los movimientos de izquierda latinoamericanos.
