El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Pedraza, a su hijastro Manuel Anido Cuesta y a dos integrantes de la familia Castro —Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl, y su nieto Raúl Alejandro Castro Calis— mediante su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La medida implica el bloqueo de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con personas, empresas o bancos de Estados Unidos. Washington apuntó además contra organizaciones consideradas pilares del sistema político cubano: los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fundado a meses del triunfo revolucionario de 1959. En paralelo, Trump declaró a periodistas que Estados Unidos quiere que Cuba "fuera un país bien gobernado" y reiteró que Washington "se encargará" de la isla cuando termine con Irán.
Díaz-Canel respondió con dureza desde X, denunciando que las sanciones "están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos" y que "esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano". El canciller Bruno Rodríguez calificó la medida como "la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos". Las sanciones se suman a las impuestas el mes pasado contra 11 funcionarios cubanos, incluyendo el ministro de Comunicaciones y varios líderes militares, en una escalada sostenida que la administración Trump utiliza como mecanismo de presión para forzar un cambio de gobierno en la isla.
El endurecimiento de la presión sobre Cuba se inscribe en una estrategia que Washington viene aplicando desde comienzos de 2026: una orden ejecutiva de enero estableció un bloqueo petrolero de facto que dejó a Cuba sin suministro de combustibles, y la acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996 marcó una escalada sin precedentes en el plano judicial. La combinación de sanciones financieras, bloqueo energético, acusaciones penales y amenazas militares configura la ofensiva más intensa de Washington contra La Habana en décadas, en un momento en que la isla atraviesa su peor crisis económica en años y el gobierno de Díaz-Canel enfrenta una presión interna y externa que no tiene parangón desde el período especial de los años noventa.
